El Banco Mundial, en su “Informe sobre el estado de la protección social 2025: El desafío de 2 mil millones de personas”, reveló una crisis global en la que más de un cuarto de la población mundial carece de acceso a sistemas básicos de protección social. Este documento subraya la urgencia de abordar las brechas en cobertura, especialmente en un contexto de crisis climáticas, económicas y sanitarias recurrentes.
El informe destaca que aproximadamente 2 mil millones de personas —principalmente en países de ingresos bajos y medianos— no cuentan con ningún tipo de protección social, como pensiones, seguros de salud o subsidios por desempleo. África subsahariana y Asia meridional concentran el 70% de esta población desprotegida. Además, se identifican disparidades significativas dentro de los países: las mujeres, los trabajadores informales (que representan el 60% de la fuerza laboral global) y las comunidades rurales son los más afectados. En América Latina, aunque el 50% tiene algún tipo de cobertura, persisten desigualdades en la calidad de los servicios.
Algunos de los factores que amplían la brecha son i) la economía informal, que predomina en países en desarrollo y dificulta la implementación de sistemas contributivos, ii) las crisis recurrentes, como la pandemia de COVID-19, los desastres climáticos y los conflictos geopolíticos, así como iii) las limitaciones fiscales, en la que muchos gobiernos destinan menos del 1.5% del PIB a protección social, frente al 8% que invierten los países de altos ingresos.
La falta de protección social profundiza la pobreza, la desigualdad y la vulnerabilidad. Según el informe, sin intervenciones, para 2030, el cambio climático podría empujar a 130 millones de personas a la pobreza, agravando las migraciones y la inestabilidad social. Además, se estima que el 55% de los niños en países de bajos ingresos carecen de acceso a programas nutricionales, afectando su desarrollo a largo plazo.
El Banco Mundial plantea una hoja de ruta basada en cuatro pilares: 1) ampliar la cobertura universal e implementar programas no contributivos, como transferencias monetarias focalizadas y fortalecer sistemas de pensiones y salud; 2) la innovación financiera para movilizar recursos mediante impuestos progresivos, alianzas público-privadas y apoyo de organismos internacionales; 3) la tecnología y digitalización a fin de utilizar identificaciones digitales y plataformas de pago móvil para llegar a poblaciones remotas, así como 4) la adaptación climática para vincular la protección social con estrategias de resiliencia, como seguros agrícolas ante sequías o inundaciones.
En suma, el informe enfatiza que cerrar la brecha de protección social no es solo un imperativo moral, sino económico. Sistemas robustos reducen la pobreza, impulsan la productividad y mitigan el impacto de futuras crisis. Sin embargo, requiere compromisos políticos, reformas estructurales y cooperación global. En un mundo marcado por la incertidumbre, garantizar derechos sociales básicos es la piedra angular del desarrollo sostenible.
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