A pesar de que el proyecto de nueva Ley del Poder Judicial ya fue aprobada por el pleno del Congreso, pero tal vez entraría en vigor hasta el 2023; por ser una reforma constitucional, tiene que enviarse a todos los ayuntamientos para su revisión y aprobación, reveló el presidente de la Junta de Gobierno Sergio Salomón Céspedes.
La nueva ley deberá tener también leyes secundarias y reglamentos, en los que ya se trabaja en el área jurídica del propio Congreso del Estado, por lo que para todo este proceso complementario se tienen hasta 120 días para completar todo el paquete que permita hacer la declaratoria y que pueda ser publicada en el DIARIO oficial.
La nueva Ley tiene que ser clara y precisa, porque responde a un nuevo esquema, con otro número de magistrados y conformación de salas unitarias, con un nuevo presupuesto, por lo que se advierte que por eso entraría en vigor hasta el año próximo.
La concesión de Limpia
En comisiones de Servicios Públicos y otras, los diputados ahora estudian la propuesta del Ayuntamiento de Puebla para el otorgamiento de concesión a una empresa para proporcionar el servicio de limpia urbano.
El líder del Congreso, señaló que los diputados analizaran el tiempo que se debe otorgar para una concesión para no comprometer al siguiente gobierno, se trabaja en el proyecto del Ejecutivo en la Ley de concesiones.
La del Ayuntamiento de Puebla, se debe desahogar pronto debido a que se debe cumplir con la licitación pública; por su parte el Gobierno de la Ciudad busca mejorar el servicio de limpieza urbana a través de la recolección, traslado, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos urbanos, así como el uso de espacios publicitarios; aunque el Cabildo aprobó iniciar el proceso para concesionar estos trabajos, el Congreso tendrá la última palabra.
En el Congreso del Estado, los diputados en las comisiones de Gobernación y de Administración de Justicia se analiza también la nueva Ley del Notariado que envió el ejecutivo, donde se busca abrir las posibilidades de aumentar el número de patentes notariales, pero no a favor de herencias políticas o regalos del Ejecutivo, sino que respondan a las necesidades de la fe pública que requieran los habitantes.
