La Reforma Judicial de 2025, tal como está formulada, amenaza los pilares fundamentales del sistema de justicia, la imparcialidad, autonomía institucional y profesionalización y a pesar de que la intención de democratizar el acceso a la justicia pueda ser válida, los mecanismos propuestos resultan contraproducentes y generan vulnerabilidades críticas.
Una compilación y análisis de Felipe Noguera, titulada La Reforma Judicial en México 2025: Riesgos para la Inversión Privada, con fecha 28 mayo de 2025, sostiene lo anterior a manera de conclusión, de las elecciones que se llevarán a cabo para renovar el Poder Judicial este domingo 1 de junio.
Hace hincapié en que la experiencia internacional muestra que las reformas judiciales exitosas requieren diagnóstico técnico, gradualismo en su aplicación y consenso institucional amplio. México está ante una decisión estructural que afectará su democracia y competitividad económica por años venideros.
Como se ha informado todos los jueces y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) serán elegidos mediante voto popular; el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), será sustituido por una nueva entidad cuya estructura y funcionamiento aún no están definidos; la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pasará de tener 11 a 9 ministros. Se eliminarán las dos Salas, y el Pleno asumirá todas las funciones deliberativas.
Se crea el Tribunal de Disciplina Judicial, nuevo órgano electo por voto popular, tendrá la función de investigar y sancionar a jueces; ningún integrante del Poder Judicial podrá percibir un salario superior al del Presidente de la República; se prohíbe a jueces y magistrados ejercer la abogacía durante dos años tras dejar el cargo; se restringe la facultad del Poder Judicial para emitir amparos que suspendan políticas públicas y algunos puestos judiciales electos tendrán vigencia hasta por 11 años.
Las siguientes son sus consideraciones:
-La Reforma Judicial promovida por el Poder Ejecutivo mexicano para su implementación en 2025, conocida como el Plan C, plantea una transformación estructural sin precedentes en el sistema de justicia del país.
-Aunque se presenta con el objetivo de democratizar el acceso a la justicia, la iniciativa genera preocupaciones sustanciales sobre sus implicaciones institucionales, económicas y de gobernabilidad.
-Se estima una participación ciudadana baja, del 5 al 20 por ciento, lo cual podría comprometer la legitimidad del proceso.
-El INE enfrentará dificultades logísticas por el alto número de boletas (602 millones) y una reducción de recursos. Cada votante podrá elegir hasta 51 cargos, lo que complica el proceso y puede generar menor participación, demoras en la votación, y un incremento en los votos nulos.
-Al menos 51 cargos federales presentan candidaturas únicas y a nivel local hay ejemplos como el Estado de Durango, donde todas las candidaturas fueron acordadas entre los tres poderes.
-Aunque el conocimiento de la fecha electoral ha aumentado a 54 por ciento en mayo según diario El Financiero, el conocimiento sobre las candidaturas sigue siendo muy bajo.
Felipe Noguera enumera los riesgos para la Independencia Judicial y el Estado de Derecho:
-Politización y Clientelismo. La selección de jueces a partir de listas del Congreso puede generar sesgos partidistas. La necesidad de financiamiento abre riesgos de dependencia hacia partidos, donantes o grupos delictivos.
-Captura del Poder Judicial por Actores Criminales. Las campañas judiciales podrían ser infiltradas por el crimen organizado.
-Bajo Perfil Profesional. No se garantizan requisitos mínimos de formación y experiencia para los aspirantes.
-Ausencia de Diagnóstico Estructural. La reforma no aborda problemas como impunidad, corrupción o sobrecarga procesal.
-Problemas de Implementación y Transparencia. El reemplazo masivo conlleva altos costos y riesgos legales. No existen lineamientos claros para campañas, evaluación ni fiscalización.
-Erosión del Sistema de Contrapesos: La subordinación política del Poder Judicial compromete su función de equilibrio institucional.
Finalmente, el autor del análisis enumera los riesgos para la inversión privada y la seguridad jurídica:
-Inseguridad Jurídica. Fallos judiciales erráticos y arbitrarios podrían resultar de la falta de formación y presiones políticas.
-Ineficiencia Judicial y Disfuncionalidad Procesal. Sistema podría tornarse lento e ineficiente, afectando contratos y resoluciones.
-Aumento de Litigios y Costos Legales. Se prevé mayor litigiosidad y costos operativos para empresas.
-Pérdida de Confianza del Inversionista. La percepción de parcialidad desalienta la inversión nacional y extranjera.
-Fomento de la Impunidad y Corrupción Judicial. Jueces vulnerables podrían caer en sobornos o sumisión al poder político.
-Impacto Económico Estructural. Menor inversión, empleo y competitividad pueden frenar el crecimiento económico.
El futuro ya llegó, está a la vuelta de la esquina. Es lo que nos espera.
En fin, como escribió Luis Muñoz Rivera (Puerto Rico, 1859-1916), en su poema A Cualquier Compatriota:
¿Justicia? ¡qué palabra tan hermosa!
pero es una palabra y no otra cosa.
¿Derecho? en esta tierra infortunada,
es aire, es humo, es ilusión, es nada.
raultorress@hotmail.com
