El Consejo Poblano de Ministros que pertenecen a la religión evangélica cuestionaron que se pretenda cometer un atentado contra su libertad de culto por que el Congreso quiere sancionar a quienes impartan terapias de conversión.
En conferencia de prensa, los pastores estiman que las sanciones de cárcel que intenta imponer la ley por impartir “terapias de conversión”, es una exageración del Congreso, señaló el presidente, Alejandro del Rey.
Aunque la propuesta está apenas en dictamen, deberá someterse a la aprobación del pleno de los diputados que deberán ponderar si realmente es una propuesta viable o hasta violatoria porque atenta contra su libertad de culto y el derecho a “corregir el problema” que tiene una persona con su orientación sexual.
Aclaró que los pastores no cometen ningún delito por ofrecer “una orientación” para “desengañarlos” y que puedan vivir una vida apegada a los principios morales y formar una familia como lo establece la religión.
Destacó que en las pláticas que ofrecen en ningún momento se ejerce algún tipo de violencia física, verbal o psicológica y quienes acuden lo hacen de manera voluntaria y sin ningún tipo de presiones.
“Es una forma violenta y agresiva en la que se trata de amordazar e impedir que se ayude a las personas que tienen este tipo de problema.
Pidió pensar en un adolescente, niña o niño que no tiene clara su identidad y hay adultos que todavía batallan con su identidad y es mal informado o engañado y resulta que no se le pude aconsejar”.
Demandó a los diputados locales reconsiderar su postura y regresar el dictamen de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia.
También hubo reacción de los colectivos transgénero, que pidieron a los diputados a no dejarse presionar por las asociaciones de padres de familia o religiosos, por lo que no deben ceder a presiones de esos grupos de derecha
Señalan que as terapias de conversión en realidad son “una tortura” que daña principalmente a menores de edad, a quienes pretenden corregir la orientación sexual y la identidad de género como si se tratara de una enfermedad o les señalan como actos pecaminosos.
La reforma de los diputados propone una reforma al Código Penal para sancionar a quienes promuevan, impartan, apliquen, obliguen o financien ese tipo de tratamientos con uno a tres años de cárcel y multas de 50 a 200 días de salario.
