En la sesión ordinaria del Congreso, después de un largo debate, fue rechazada la campaña «Por una Puebla Segura», propuesta por el diputado de Movimiento Ciudadano Carlos Morales.
Con el ánimo de inventar campañas nuevas, propuso que el Congreso adoptará la campaña que lanzó desde marzo, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Puebla para solicitar a los poblanos que envíen sus propuestas con el fin de mejorar la seguridad y acercarlas a las autoridades de Seguridad Pública.
La propuesta generó una acalorada discusión entre los diputados del Pan y de Morena, donde se acusaron de pretender acusar el Gobierno de la inseguridad y de la intención de aprovechar el exhorto para criticar la inseguridad, que en opinión de los diputados de MORENA, el tema se ha ido resolviendo sobre todo en las últimas semanas y cuestionaron a los diputados del PAN y del PRI que guardaron silencio ante excesos en sus gobiernos.
Durante la discusión, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Carlos Alberto Morales Álvarez, aseguró que la suma a esta campaña no es una crítica política, sino al llamado para que existan mejores condiciones de seguridad en Puebla. El diputado Javier Casique, quiso mediar, pero no resultó
La diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Mónica Rodríguez Della Vecchia, señaló que la reducción de los índices delictivos que presentó la administración estatal no es real porque los ciudadanos padecen feminicidios, secuestros y extorsiones, por eso reclaman acciones efectivas para recuperar la tranquilidad.
A las 4 de la tarde, dieron por terminada la sesión de más de 50 puntos, que comenzó el pasado 10 de junio, dejando todavía en lista más de 25 puntos tratar
Los temas que lograron salir de manera positiva fue recomendar al Gobierno del Estado, mejorar las condiciones de los centros de reinserción social municipal, sobre de dos de ellos.
Pidieron al Estado qué en la medida de sus posibilidades, efectúe acciones que mejoren las condiciones materiales, higiénicas, médicas, alimenticias, recreativas y laborales, así como las instalaciones de los centros penitenciarios, y a su vez para que capacite y vigile que las y los servidores públicos de estos centros respeten los derechos de las personas privadas de su libertad, en especial los de los centros penitenciarios distritales de Zacatlán y Tecamachalco.
