En pleno corazón de la ciudad, una institución educativa quedó bajo la lupa de la autoridad federal. La Procuraduría Federal del Consumidor ordenó la suspensión de la comercialización de servicios del Colegio Libre de Estudios Universitarios, tras detectar diversas irregularidades durante una inspección.
La medida fue aplicada luego de una denuncia ciudadana que derivó en una visita de verificación en el plantel ubicado en el Centro Histórico de Puebla, específicamente en la avenida 5 Poniente 1310, donde se colocaron sellos de suspensión.
De acuerdo con la autoridad, el colegio incurrió en violaciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor, principalmente por no informar de manera clara y visible los costos totales de productos y servicios ofrecidos a estudiantes.
Entre las irregularidades detectadas, destacan la ausencia de precios visibles en artículos como uniformes, sudaderas y pijamas quirúrgicas, así como la emisión de comprobantes que no cumplen con estándares de formalidad, lo que impide a los consumidores conocer con certeza lo que pagan.
Además, la institución fue señalada por negar devoluciones en conceptos como inscripción, reinscripción y colegiaturas, una práctica que contraviene la normativa vigente.
Ante este escenario, la Profeco impuso como medida precautoria la suspensión de la venta de bienes, productos y servicios del plantel, en tanto no se corrijan las anomalías detectadas.
El caso vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que trasciende aulas: ¿qué tan protegidos están los estudiantes y sus familias como consumidores?
Porque elegir una escuela no debería implicar incertidumbre en los costos ni en los derechos.
