Piden alerta de género para Puebla por violencia feminicida

Aprueba INE difusión de campaña gubernamental por Alerta de Género en Puebla

El 30 de marzo de 2016, Todos para Todos, presentó solicitud de alerta de género por violencia feminicida en el Estado de Puebla, que fue negada por la Secretaría de Gobernación Federal y la CONAVIM, el 7 de julio de 2017. Por esta razón promovimos amparo y el 6 de marzo de 2018, la Jueza Cuarto de Distrito en materia Civil, Administrativa y del Trabajo y Juicios Federales para el Estado de Puebla, dentro del expediente de amparo 1566/2017, emitió sentencia en la que en su punto resolutivo segundo concedió el amparo solicitado por Todos para Todos, A.C., por lo que ordenó dejar sin efecto todo lo actuado desde que se dictó la resolución reclamada ordenando a las autoridades responsables, dictar una nueva resolución. Las autoridades federales decidieron impugnar tal sentencia de amparo, a través de un recurso de revisión, cuyo conocimiento correspondió al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, quien lo radicó bajo el número 391/2018.
El Tribunal de Garantías del conocimiento dictó sentencia el día 14 de febrero del presente año, en el que consideró fundados los agravios en los que la autoridad recurrente consideró que la resolución digital reclamada, emitida por las responsables no necesitaba llevar la rúbrica de éstas, por lo que reasumiendo jurisdicción analizó los conceptos de violación cuyo estudio omitió la jueza de Distrito del conocimiento y determinó fundados aquellos en los que la quejosa substancialmente manifestó que las autoridades responsables y el grupo de trabajo no dieron total cumplimiento a las recomendaciones emitidas al Gobierno del Estado con motivo del procedimiento de alerta de género, subsistiendo la situación de violencia feminicida en el Estado de Puebla, lo que había sido reconocido por las mismas responsables y señalado por la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos en el voto particular que formuló; por lo que el tribunal de revisión concede el amparo para el efectos de que las autoridades responsables emitan Declaratoria de Alerta de Género en el Estado de Puebla.
En tal virtud, emplazamos a la Secretaría de Gobernación Federal y a la CONAVIM, en su nueva integración para que en el plazo no mayor de 3 días DECRETE ALERTA DE GÉNERO PARA EL ESTADO DE PUEBLA POR VIOLENCIA FEMINICIDA, y dote al Estado de Puebla de los recursos económicos, humanos y materiales para su cumplimiento; de lo contrario, iniciaremos incidente de incumplimiento a una ejecutoria de amparo que de ser procedente podría llevar a la destitución de la Secretaria de Gobernación Federal, Olga Sánchez Cordero.
Por supuesto que esta Declaratoria no repara todos los daños causados por el Gobierno de Puebla ante su inactividad, nuestros sentimientos de solidaridad y condolencias fraternas a todas las familias de las mujeres asesinadas en todos estos momentos de dolor e impotencia, pues de acuerdo con el Observatorio Odesyr en 2013 lamentablemente se documentaron 50 feminicidios, 60 en 2014, 50 en 2015, 82 en 2016, 101 en 2017 81 en 2018 y en lo que va de 2019 van 16.
Hacemos un llamado a las organizaciones sociales, a las instituciones académicas, representantes empresariales y sindicales y a la ciudadanía en general a estar alertas y en pie de lucha, particularmente para quienes desde su trinchera apoyan el respeto a los derechos humanos de las mujeres, especialmente, su derecho a una vida libre de violencia.
Requerimos a las autoridades federales y locales que asuman su responsabilidad, pues las vidas de todas las mujeres asesinadas pudieron haberse salvado, con acciones de prevención, y merecen que se haga justicia. Exigimos que, de forma inmediata, el gobierno del Estado de Puebla, que encabeza el Maestro Guillermo Pacheco Pulido, adopte las acciones necesarias para preservar la vida y la seguridad de mujeres y niñas en la entidad, implementando medidas de seguridad específica en las zonas de riesgo, medidas de prevención, justicia y reparación, así como el cumplimiento integral no sólo de las recomendaciones emitidas dentro del procedimiento, sino también de todas las acciones tendientes a dar cumplimiento a la Declaratoria de Alerta.