Lo que comenzó como una infracción menor de tránsito ha derivado en una pesadilla migratoria para los hermanos mexicanos Carlos Martín y Óscar Alejandro González recluidos en “Alligator Alcatraz”.
Ambos fueron arrestados el pasado 7 de julio en Orlando, Florida, y actualmente se encuentran recluidos en el polémico centro de detención de migrantes en los Everglades, apodado “Alcatraz Alligator”, bajo condiciones que autoridades mexicanas y expertos legales califican como violatorias de sus derechos civiles.
Carlos, de 26 años, viajaba con visa de turista por Estados Unidos para visitar a su hermano Óscar, de 30, tras el reciente fallecimiento de su madre. Durante su estancia visitó Nueva York y Miami. El día de su arresto conducía en Orlando cuando fue detenido por una infracción menor. Al lugar acudió su hermano para auxiliarlo, pero también fue arrestado. Aunque Óscar está casado con una ciudadana estadounidense, su permiso de permanencia en el país había expirado.
Desde su aprehensión, ambos hermanos han permanecido incomunicados legalmente. “Ni la abogada ni el personal del consulado han podido verlos. Sólo tenemos contacto cuando llaman por teléfono para decirnos que están bien, pero no sabemos más”, denuncia Martín González, padre de los detenidos, quien viajó desde Ciudad de México a Florida para intentar liberarlos. “Esto es ilegal. Se están violando todos sus derechos civiles aquí en Estados Unidos”.
Los jóvenes fueron trasladados al centro de detención temporal en los Everglades, una instalación operada por el gobierno del estado de Florida, y no por las autoridades federales de migración (ICE). Este hecho ha generado serias complicaciones legales: no se les ha asignado un número de registro (“alien number”), lo que les impide acceder a una defensa adecuada y a un proceso judicial justo.
El cónsul de México en Orlando, Juan Sabines, ha sido una de las voces más firmes ante este caso. Ha advertido sobre “posibles violaciones a los derechos civiles” y ha pedido que se permita el acceso inmediato a su abogada, Andrea Reyes, especialista en inmigración e integrante de la American Immigration Lawyers Association (AILA). “Sugeriré a las autoridades mexicanas considerar la emisión de una alerta de viaje para Orlando. Esta prisión no pertenece al gobierno federal y ni siquiera han iniciado un procedimiento legal formal”, indicó el diplomático.
La Cancillería mexicana, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), ha confirmado que los hermanos González cuentan con asesoría legal por medio del Programa de Asistencia Jurídica a Personas Mexicanas (PALE), y mantiene comunicación constante con sus familiares. Sin embargo, los esfuerzos hasta ahora no han logrado el acceso físico de la abogada ni de los representantes consulares a los detenidos.
Durante su conferencia matutina del lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que hay un total de 14 mexicanos detenidos en el centro migratorio de Florida y aseguró que su gobierno trabaja para lograr su repatriación inmediata. “Ya se envió una nota diplomática. Estamos insistiendo en que sean deportados de inmediato para evitar que pasen más tiempo en ese centro”, declaró. Sheinbaum también reconoció las dificultades presupuestarias y logísticas que enfrenta el Servicio Exterior mexicano para brindar protección legal y consular a sus connacionales en Estados Unidos.
Las relaciones entre el gobierno de Sheinbaum y el presidente estadounidense Donald Trump atraviesan momentos tensos, especialmente por la intensificación de políticas antimigrantes en estados como Florida.
Trump ha respaldado abiertamente a gobernadores como James Uthmeier, quien promueve medidas punitivas contra los migrantes y quien bautizó el centro de detención como “Alligator Alcatraz”, evocando la célebre prisión de máxima seguridad.
Para Martín González, el calvario continúa. “Seguimos presionando, tratando de mover toda la maquinaria para que les den un caso a mis hijos y podamos regresarlos a México. En algún momento tendrán que ceder para poder iniciar su defensa legal. No sabemos siquiera de qué los acusan”.
Mientras las gestiones diplomáticas avanzan, el caso de los hermanos González se ha convertido en un símbolo de la creciente criminalización de los migrantes en Estados Unidos y un llamado de atención sobre la necesidad de fortalecer la protección consular en un contexto cada vez más hostil.
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