sábado, julio 13, 2024
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Peligroso camino

En opinión de Federico Berrueto, a partir de la mayoría legislativa se pretende eliminar al Poder Judicial Federal en su responsabilidad de hacer valer la constitucionalidad de los actos de autoridad.

La política invariablemente busca atajos para lograr los objetivos del gobernante; el camino de la legalidad es mucho más complejo, lento e incierto. En los gobiernos sometidos al voluntarismo, donde las cosas dependen y resultan de la disposición del gobernante, la legalidad más que problema es una afrenta. El gobernante quiere y le urgen resultados, se exaspera con las controversias judiciales, los amparos y los juicios que posponen su pretensión. Como nunca antes a la política ahora le da por prescindir de la legalidad.

No es un tema nuevo, aunque se ha recrudecido en este gobierno que concluye. La reforma judicial no es tal, es una manera de someter el Poder Judicial Federal y la Suprema Corte de Justicia al poder presidencial. Es un ultraje a la república en su expresión democrática. El papel del Poder Judicial necesariamente debe significar un contrapeso al gobierno al validar la constitucionalidad de los actos de autoridad. Las coartadas que prescinden de la legalidad son peligrosas y exponen a todos a la arbitrariedad.

Por otra parte, no son pocos los temas bajo un contexto global a partir de los convenios internacionales y los tratados, destacadamente el T-MEC, que implican instancias de justicia para resolver diferencias o para cumplir compromisos. También están los casos en que “el soberano”, es decir, el gobierno será sujeto de juicio y, eventualmente, de sanción, casi siempre patrimonial y de consideración. Lo mismo aplica en términos de justicia penal y la salvaguarda de derechos humanos, su tutela trasciende a los órganos de justicia nacionales.

Hay quien señala como un exceso el poder de un juzgador de frenar la aplicación de un acto legislativo. Es una visión semejante al del Poder Ejecutivo sin límites. Se dice que se otorga a un juez seleccionado bajo condiciones dudosas un poder por encima de los representantes de la nación electos democráticamente que integran las Cámaras. Quien señala eso confunde el argumento democrático con el de la legalidad. La aprobación de una ley es un acto de autoridad, y aunque expresión de la voluntad mayoritaria, incluso unánime de los legisladores, no necesariamente significa apego a la Constitución. Efectivamente, un juez puede frenar un acto inconstitucional del legislativo, decisión, por cierto, revisable por el tribunal de alzada.

Prescindir de la legalidad es fuente no sólo de incertidumbre, sino que pone en riesgo la certeza de derechos de los gobernados. Eso es difícil que lo entienda y asuma el ciudadano en su vida cotidiana; su contacto con la justicia no es del día a día, sino en momentos particulares como son asuntos patrimoniales, divorcios, alimentos y en algunos casos penales, todos del fuero local. Los inversionistas prefieren la certeza derivada de las reglas y de las instancias de justicia en lugar del poder discrecional del gobernante. Explicable que los grandes empresarios prefieran una interlocución privilegiada y discriminatoria del gobernante, una mala práctica presente por igual en el pasado que en el régimen actual, como constatan las generosas cifras de éxito para ese sector particular del empresariado.

Ciertamente, la legalidad es un camino difícil y en no pocas ocasiones lento y expuesto a la corrupción, excepcional en el Poder Judicial Federal. Sin embargo, si la preocupación de la reforma fuera la justicia no enfocaría las baterías a la parte más sana del sistema, el orden federal y la Suprema Corte, sino a la justicia local, las defensorías y procuradurías de representación de los más indefensos, así como a las policías de investigación, ministerios públicos, servicios periciales o al sistema carcelario en materia de justicia penal.

La reforma judicial se mueve por intereses políticos y a partir de la mayoría legislativa se pretende eliminar al Poder Judicial Federal en su responsabilidad de hacer valer la constitucionalidad de los actos de autoridad. La lectura del presidente peca de ignorancia y de una visión autocrática del poder; parte de la idea de que el gobernante no tenga límites y que en los hechos la aplicación e interpretación de la ley no limite a las autoridades. Situación semejante para las decisiones legislativas.

La enseñanza que dejan estos pasados años es que no hay coartadas ni fórmulas simples para que el gobierno pueda cumplir a plenitud su responsabilidad. Prescindir de la legalidad es un error de mayores proporciones que deja a todos expuestos, particularmente a los más débiles en la relación de las personas con el poder público.

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