La fracción legislativa de MORENA, presentará mañana la iniciativa de una nueva ley de Amnistía para el Estado de Puebla, que pretende beneficiar a mujeres que hayan cometido aborto, indígenas y presos políticos.
Pilar Bravo
El proyecto que será presentado en la sesión del pleno de esta semana, propone que se decrete amnistía en favor de las personas en contra de quienes se haya ejercitado o pudiera ejercitarse acción penal, hayan sido procesadas o se les haya dictado sentencia firme ante los tribunales del fueron común del Estado de Puebla, siempre que no sean reincidentes.
El proyecto lo presentará el diputado Gabriel Biestro, líder de la fracción de Morena, quién propone que se decretará amnistía en los siguientes supuestos:
Por el delito de aborto, en cualquiera de sus modalidades, previsto en el Código Penal para el Estado de Puebla, cuando: se impute a la madre del producto del embarazo interrumpido; y se impute a las y los médicos, o a las y los parteros, siempre que la conducta delictiva se haya llevado a cabo sin violencia y con el consentimiento de la madre del producto del embarazo interrumpido.
El segundo artículo es de apoyo a grupos indígenas por delitos imputados a personas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas que durante su proceso no hayan accedido plenamente a la jurisdicción del Estado, por no haber sido garantizado el derecho a contar con intérpretes o defensores que tuvieran conocimiento de su lengua y cultura.
Existen en los reclusorios personas que están presas por los siguientes supuestos que algunos llaman presos políticos, aunque dicha figura no exista por lo que la Amnistía.
Otras causales serían: Por el delito de robo simple y sin violencia, siempre que no amerite pena privativa de la libertad de más de cinco años. Por sedición y delitos políticos, o porque hayan invitado, instigado o incitado a la comisión de otros delitos formando parte de grupos impulsados por razones políticas con el propósito de alterar la vida institucional, siempre que no se trate de terrorismo y que en los hechos no se haya producido la privación de la vida, lesiones graves a otra persona o se hayan empleado o utilizado armas de fuego.
La propuesta será analizada, una vez que se tengan los criterios del Tribunal Superior de Justicia y de la Fiscalía General. Además de que deberá contar con el análisis de los diputados de diversas comisiones, por la trascendencia que tendrá.
