El río Atoyac y sus afluentes que pasa por 70 municipios de los estados de Puebla y Tlaxcala es en realidad el drenaje para 13 millones de habitantes, situación que viola derechos y hasta el momento se carecen de planes concretos para su rescate.
En el punto anterior coincidieron los investigadores de la Universidad Iberoamericana Puebla, María Eugenia Ibarrarán Viniegra, directora del Instituto de Investigaciones en Medio Ambiente (IIMA) Xabier Gorostiaga; las académicas Gabriela Pérez Castresana y Valentina Campos; y Francisco Valverde Díaz de León, director general del Medio Universitario.
Ibarrarán Viniegra señaló que cada administración tanto federal como estatal, realizan anuncios para rescatar el afluente; sin embargo, ningún proyecto es efectivo y no se aplique la normativa para comenzar la solución.
“Las acciones tienen que ser de dos niveles: por un lado, la presión social y, por otro lado, la respuesta de las autoridades. Una cuestión importante es que existe normatividad que no se está cumpliendo. LA sociedad debe estar presionando para que suceda un cambio. Las mismas empresas no están interesadas en la limpieza del Atoyac. Las empresas no participan porque se traduce en reducción de sus utilidades”, comentó.
Por su parte, Pérez Castresana resaltó que los más de 13 millones de habitantes de la región Puebla-Tlaxcala contaminan el afluente y, hasta el momento, las plantas tratadoras no están respondiendo a la demanda de saneamiento.
“En el estado no hay una planta de tratamiento terciario, es decir, que limpie el agua de metales duros. Las plantas actuales no están dando abasto y, la mayoría, fueron construidas hace varios años. Hay un déficit de plantas de tratamiento, faltan plantas de tratamiento terciario”, resaltó.
En tanto, Valentina Campos resaltó que la contaminación del Atoyac se traduce una violación a los derechos de las personas, situación que obliga a que se establezca un sistema de sanciones a quienes contaminen el afluente.
