La violencia en México no es un tema fácil de abordar porque pasa por varios factores e interpretaciones que no podrían abordarse en forma breve. Sin embargo, esbozaré algunas ideas basadas en la experiencia periodística y lecturas sobre el tema.
Habrá que decir que las medidas neoliberales que desestructuraron instituciones y prácticas estatales alteraron -entre otros aspectos- las relaciones tradicionales de mediación entre autoridades y comunidades para solucionar los conflictos.
En 2014, el entonces gobernador Rafael Moreno Valle envío una iniciativa a la Ley Orgánica Municipal en la que las juntas auxiliares se convertían en órganos desconcentrados del municipio lo cual implicó una baja sustancial en sus atribuciones para recaudar recursos propios, además de que dejaron de percibir el 15% de participaciones que los Ayuntamientos estaban obligados a otorgarles.
Si bien es cierto que en las Juntas Auxiliares había casos de corrupción con el tema del Registro Civil y fue una de las justificaciones para la reforma, también lo es que: haberles quitado esta atribución no exime actualmente a los Ayuntamientos y el Propio Registro Civil de dicha práctica.
Esta situación generó, como primeros respondientes, que los ediles auxiliares dejarán de realizar varias funciones como seguridad, registro civil y mediación de conflictos; como consecuencia se agudizó un resquebrajamiento del tejido social que ya había iniciado un par de años atrás con la guerra al narcotráfico en el mandato de Felipe Calderón Hinojosa.
Ambas decisiones dieron cabida a una violencia mayor de la que hasta ahora somos víctimas, pero también victimarios como sucede con el caso de los linchamientos.
Una publicación en 2022 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos aborda un panorama general de los linchamientos en Puebla y hace el planteamiento del por qué un lugar más que en otros se presentan este tipo de fenómenos sociales y señala que tiene que ver con la historia del lugar, los agravios históricos, la socio-economía, la realidad política y cultural, los índices de inseguridad y la penetración de grupos delictivos.
Luego entonces los linchamientos, considerados como actos de violencia colectiva necesariamente pasan por varios factores antes de que se presenten y es ahí donde la responsabilidad del estado para garantizar un derecho básico como una vida libre de violencia está fallando.
El libro habla de que los estados del centro del país son donde más se presentan los linchamientos, principalmente Estado de México y Puebla, seguidos de Chiapas, pero más allá de dónde y cuantos se presenten, el tema debe abordarse a profundidad.
Otro texto interesante es: Salud mental y violencia colectiva. Una herida abierta en la sociedad, en el que quince investigadores analizan desde la psicología, sociología, psiquiatría y antropología el trauma colectivo que han generado la normalización y el discurso que lo alimenta, la agresión desatada contra las mujeres, los efectos del reclutamiento forzado, la trata y la impunidad, así como el papel que desempeña, la migración o pobreza, las consecuencias reflejadas en el consumo de alcohol y drogas, la debilidad institucional y la fractura de las familias.
Temas en verdad a los que habrá de dar toda la atención posible, y lo menciono porque el trabajo del nuevo obudsman o debería decir la nueva obudswomen en Puebla, Rosa Isela Sánchez Soya, estará en el foco de atención de una sociedad que solicita mayor vinculación entre organismos y dependencias para evitar la violación a los derechos humanos y en general evitar la violencia.
En este contexto reviso la página reciente de la CEDH y observo fotografías afables de un titular -que da la impresión de que en Puebla no pasa nada con los derechos humanos y me cuestiono: ¿Cuándo será el día en el que los cargos dejen de otorgarse sólo por cuestiones políticas? Que sea el profesional más preparado para contribuir con temas de relevancia como es el caso de los derechos humanos.
Los vacíos y diría vicios de poder y de acciones tienen un costo brutal para la ciudadanía, esperemos que en la nueva etapa de liderazgo de la Comisión de Derechos Humanos en Puebla, se haga un seguimiento puntal a todas las recomendaciones, en especial la que se hizo a los 29 ayuntamientos con mayor índice estadístico en el tema de linchamientos.
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