Por Ricardo Caballero de la Rosa.
Cuando todo parecía apuntar que 2020 sería un año de crisis más, la pandemia del COVID-19 remueve con su fuerza externa las entrañas del sistema político y económico del país y comenzamos la travesía hacia una crisis que puede resultar más agresiva.
Si pensábamos que la del país sería una economía con un muy modesto crecimiento de entre 0.6% a 1.1%, como se había advertido por varios analistas y centros de inteligencia financiera, el Bank of America advirtió hace unos días una caída de 4.5% en la economía mexicana este año debido a los efectos del brote del coronavirus, que hasta ahora ha contagiado a más de 100 personas en el país y cobrado una víctima mortal.
Según un reporte de dicha institución bancaria, se esperaría una recuperación del 2.5% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional hasta el 2021.
Estas noticias implican que las inversiones público privadas que se coordinen en lo que reste del año parta estimular la productividad y actividad económica, quizás no basten para revertir los efectos perniciosos del coronavirus sobre el sistema y que tendremos un año no exento de sobresaltos.
Este virus, un verdadero bien colectivo, la nueva crisis, conlleva externalidades negativas poderosas que vulneran las instituciones políticas y generan la presencia de acciones colectivas que permitan definir quién debería hacerse de los cargos que provoca, cómo financiar los gastos asociados y bajo qué circunstancias es deseable su control a través de una renovada política de salud pública, en el contexto de una política de seguridad nacional.
El peso ya está en franca devaluación y el Banco de México decidió de nuevo recortar la tasa de interés, a fin de que los niveles de confianza y estabilidad logrados por la “era neoliberal” sirvan de sostén al pobre estado de la salud de las finanzas del país de la “era de la 4T”.
Lo que presenciamos es el efecto de la combinación de una crisis de origen interno, caracterizada por la falta de inversiones públicas y el resquemor de las inversiones privadas, pérdida de confianza y debilitamiento de las finanzas públicas, con el golpe de una crisis iniciada como convulsión en la salud en países como China, luego europeos como Italia y España y, ahora, en nuestro país.
El manejo de una crisis interna que requiere inversiones, productividad y aplicación de esquemas de innovación, se amalgama con la necesidad de una política fulminante y efectiva de salud pública, con medidas de política en la vertiente económica, en los aspectos sociales y en los escenarios financieros, en particular de los que aquejan a millones de familias mexicanas en su economía familiar.
Pero la respuesta gubernamental sufre un retraso y ya más de un analista ven en este escenario coyuntural no sólo la disfuncionalidad entre las demandas de la sociedad y la incierta respuesta de la 4T, sino el rebase de sociedades, municipios, estados que están imponiendo su ritmo previsor por encima del letargo federal. Todo esto cimbrará los muros del federalismo.
Esta cuarentena obligada tendrá implicaciones aún por ver. La crisis normal, por decirlo así, cursará una salida difícil cuya expresión será unas finanzas públicas devastadas con menores ingresos, reapertura de paraísos fiscales, relajamiento de la política de gasto gubernamental y mayor presencia y peso de los ingresos provenientes de la venta de las gasolinas en el gasto gubernamental.
