En opinión de Federico Berrueto, la propuesta presidencial sobre los organismos autónomos se sustenta en una falacia que muy a modo viene al votante, disminuir el costo y combatir a la burocracia privilegiada.
¿Es pertinente discutir la conveniencia de los órganos constitucionales autónomos? Más que oportuno, su examen es inevitable a partir del anuncio del presidente que terminará en poco más de 10 meses su gestión, que en febrero presentará iniciativa para eliminar algunos de ellos, muy importantes. El tema se puede enfocar a partir de las particularidades de cada institución o de un concepto general. Para López Obrador la autonomía es onerosa y engañosa. El INAI no paró la corrupción del pasado, el INE convalidó el robo de su triunfo en 2006, la CRE fue capturada por los neoliberales y la Cofece dominada por los intereses particulares.
El prejuicio presidencial sobre la autonomía es insostenible y parte de su característica soberbia moral. Las insuficiencias están presentes en toda institución, también sus errores o integrantes y directivos que no están a la altura. No hay institución perfecta o infalible; para mejor muestra, la presidencia de López Obrador, las designaciones en las dos empresas del Estado o la obra pública que, en sus tres obras emblemáticas, ha generado un costo considerablemente superior al previsto y todavía sin resultados ciertos. Si la evidencia es insuficiente allí están Segalmex o el INSABI. El gobierno -la opción a la autonomía-, sale reprobado por su venalidad e incompetencia históricas.
En el presidente existe, además, una postura selectiva en los organismos objeto de eliminación. Fuera de discusión están la FGR y la CNDH que, siendo autónomas en teoría, en la práctica le son funcionales. A Banxico no lo aborda porque ha entendido, para bien, el significado de un banco central autónomo del gobierno. También hay que entender que eliminar los organismos autónomos abre un frente no sólo ante el sector privado y quienes invocan las mejores prácticas del ejercicio de autoridad, sino que es inconsistente con los acuerdos comerciales que plantean certeza de derechos, imparcialidad de autoridades y órganos reguladores y, especialmente, concurrencia justa en los negocios. Por las penalizaciones de por medio, es una reforma imposible, planteada más como legado de un proyecto político que no pudo ser.
Evidente y mensaje de fondo es que esa y otras iniciativas a presentarse en febrero implican el cambio de régimen pretendido al presentarse antes de la elección, justo para eso, para dejar testimonio de un sentido de causa y de de obligada atención para Claudia Sheinbaum y los futuros legisladores de Morena.
El fracaso del gobierno, el pasado y el presente, es lo que abre espacio a la autonomía. Todas las instituciones aludidas son perfectibles, pero su existencia, todas, son necesarias y representan un avance a pesar de sus limitaciones. El INAI no vive su mejor momento, pero ante la persistente corrupción, opacidad creciente del ejercicio del presupuesto y la parcialidad de las autoridades hacen necesaria la transparencia impuesta. ¿Es posible la autorregulación en el gobierno? ¿los gobiernos de ayer o el actual están dispuestos a transparentar sus decisiones y la información de su desempeño? No y menos ahora, con la determinación del presidente de dejar en reserva la información de buena parte de la obra pública bajo el insostenible argumento de seguridad nacional. La protección de los datos personales es igualmente indispensable y su violación debe ser penalizada y qué mejor garantía que por un órgano de Estado independiente del gobierno. El mismo presidente divulga la información protegida de empresas y personas, por igual periodistas, rivales políticos, ciudadanos incómodos, etcétera. Es el primero en violentar el régimen que protege los datos de las personas y beneficiarse políticamente de la información privada.
Difícil que el debate sobre la autonomía de instituciones del Estado llegue al electorado, más cuando la propuesta presidencial se sustenta en una falacia que muy a modo viene al votante, disminuir el costo, combatir a la burocracia privilegiada y hacer valer el auténtico interés general ante organismos supuestamente capturados por los conservadores corruptos. Se trata de un debate de emociones y prejuicios que aluden a las fijaciones profundas de la sociedad mexicana, poco avenidas a la razón, al poder dividido y al control externo del gobierno. Para muchos mejor un presidente sin contención, sin frenos, sin escrutinio, con todos los medios y recursos al servicio de los pobres, la mejor coartada para justificar a un gobierno fracasado en su compromiso de abatir la corrupción, mejorar al gobierno y acabar con la pobreza.
