El Índice de Fortaleza Fiscal (IFF) Estatal publicado por Ethos Innovación en Políticas Públicas en abril de 2025, ofrece una evaluación integral de la salud financiera de las 32 entidades federativas de México. Este índice busca medir la capacidad de los estados para generar ingresos propios, gestionar su gasto público y manejar su deuda de manera sostenible, reduciendo así su dependencia de las transferencias federales.
Según el documento del IFF, un estado con fortaleza fiscal es aquel que puede financiar sus necesidades de gasto público sin depender excesivamente de recursos federales o endeudamiento. Esto implica una gestión eficiente de ingresos, gastos y deuda, lo cual es esencial para garantizar la provisión de servicios públicos y fomentar el desarrollo económico regional.
El índice se construye a partir de nueve variables agrupadas en tres subíndices:
a) Ingresos: ingresos propios como porcentaje del PIB estatal, ingresos propios per cápita y dependencia de las transferencias federales (transferencias como porcentaje de los ingresos totales).
b) Gasto: gasto total como porcentaje del PIB estatal, gasto total per cápita y gasto en deuda pública como porcentaje del gasto total.
c) Deuda pública: deuda pública como porcentaje del PIB estatal, deuda pública per cápita y capacidad de pago (deuda pública como porcentaje de los ingresos de libre disposición).
Los datos utilizados corresponden al año 2023 y provienen de fuentes oficiales como el Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Consejo Nacional de Población (CONAPO). Cada variable fue normalizada en una escala de 0 a 100, asignando 100 puntos al estado con el mejor desempeño y 0 al de peor desempeño en cada categoría.
El índice clasifica a las entidades en cinco categorías de desempeño: muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo. Desempeño muy alto: Ciudad de México, Baja California Sur, Chiapas y Querétaro. Desempeño muy bajo: Coahuila, Nuevo León, Sonora y Veracruz. Estas clasificaciones reflejan la variabilidad en la capacidad de los estados para gestionar sus finanzas públicas de manera eficiente y sostenible.
El análisis del Índice destaca la necesidad de fortalecer la autonomía financiera de los estados mediante el aumento de los ingresos propios a través de una mejor recaudación y administración tributaria, la optimización del gasto público, priorizando inversiones que generen beneficios económicos y sociales, una gestión prudente de la deuda pública, evitando niveles de endeudamiento que comprometan la sostenibilidad fiscal.
Además, se subraya la importancia de evaluar y rediseñar los tratamientos fiscales preferenciales que, en muchos casos, benefician desproporcionadamente a los sectores de mayores ingresos y contribuyen a la pérdida de recursos fiscales significativos .
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