Después de que un grupo de madres de familia que realizaron una protesta en contra de padres incumplidos con pagos de pensión alimenticia para sus hijos y que colocaron un tendedero de fotografías y de proponer acciones enérgicas para que cumplan, pero la diputada Nora Merino Escamilla tuvo otra propuesta.
Proponen al Congreso del Estado una reforma a la ley para impedir a los violentadores o deudores alimentarios pueda acceder a un cargo de elección popular o en la administración pública y crear un padrón de los padres que incumplen con el pago de la pensión de los hijos.
La diputada por el Partido del Trabajo, destacó que esta modificación a la Constitución Política de Puebla establecerá una sanción para quienes incumplan con la manutención de los hijos o se niegue a cubrir el pago de educación y vestido.
Existe la Ley Sabina en la Ciudad de México y en otros Estados, por lo que se podría asumir en Puebla.
Pero Nora Merino agrega que no se puede permitir que ninguna persona que haya incurrido en el delito de violencia en contra de una mujer pueda aspirar a ser gobernador, alcalde, diputado, magistrado del Tribunal Superior de Justicia o la administración pública cuando no goza de una buena reputación.
“Con esta propuesta de Ley 3 de 3 no podría ser candidato, no podría ser servidor público ni siquiera podría estar dentro de este gobierno o del gobierno que se vaya a formar, en dado caso que algún candidato resultara electo, entonces, repruebo totalmente que se sume a violentadores a los equipos políticos de cualquier actor”.
Merino Escamilla expuso que “el Registro de Personas deudoras Alimentarias Morosos” estará a cargo del Registro Civil y contendrá el nombre de los padres que por más de noventa días hayan incumplido con la obligación de dar alimentos a los hijos.
Así como el nombre, apellidos, el Registro Federal de Contribuyentes y Clave Única del Registro de Población del deudor alimentario moroso y se solicitará al Registro Público de la Propiedad que realice la anotación respectiva en los folios reales propiedad para garantizar que cuente con recursos para el pago correspondiente y evitar que pueda venderla.
