Aunque está tipificada la usura, la existencia de personas que realizan préstamos rápidos a altas tasas de interés o con la exigencia de bienes, las denuncias en contra de ese tipo de personas se ha multiplicado sobre todo en municipios y colonias populares donde operan los prestamistas.
Las quejas de víctimas de estos prestamistas se debe a que por la recuperación del dinero se convierte en abuso y extorsión señaló el diputado Andrés Villegas Mendoza, presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado.
Por eso propone una reforma legal para que los grupos dedicados al esquema de préstamo informal conocido como “gota a gota” sean considerados como asociaciones delictuosas, por la práctica de usura, por la violencia e intimidación que ejercen para cobrar los importes prestados.
El diputado Villegas Mendoza propone que las penas establecidas en el Código Penal por usura y extorsión, sean aumentadas en un 50 por ciento o más y en el caso de que sean grupos de otras nacionalidades, entonces la pena es por delincuencia organizada.
“Vamos contra los gota a gota. Es un tema grave. Roban relojes, trafican drogas, asaltan y con ese dinero hacen préstamos para lucrar con la necesidad de la gente. Vamos a fortalecer esta ley”, declaró.
Se ha denunciado que las bandas de prestamistas otorgan préstamos sin regulación y con intereses altísimos, lo que termina por generar un ciclo de endeudamiento y amenazas a las víctimas cuando no pueden pagar. En muchos casos, recurren al acoso físico, amenazas directas e incluso violencia para cobrar.
Debido a a la necesidad de dinero para cubrir una emergencia, las personas que no pueden recurrir a un banco, caen en estos negocios; por eso la necesidad de hacer una modificación al marco normativo estatal, para que se reconozca formalmente a los grupos “gota a gota” como estructuras criminales y no solo como casos aislados de extorsión.
El diputado insistió en que es necesario cerrar el paso a estos esquemas de microfinanciamiento informal que operan al margen de la ley y que afectan a sectores vulnerables de la población, particularmente en colonias populares y zonas urbanas con bajo acceso al sistema bancario.
