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Impulsa diputada Xel Arianna propuesta para valorar con perspectiva de género los casos de exceso en legítima defensa por violencia de género

Durante la sesión ordinaria del Congreso del Estado, la diputada Xel Arianna Hernández García presentó una iniciativa para adicionar el Código Penal del Estado, con el objetivo de establecer que, cuando una persona actúe en defensa propia frente a una situación de violencia familiar o de género y, en dicha acción, se excedan los medios racionales de defensa, las autoridades deberán valorar su conducta con perspectiva de género.

Para ello, se tomarán en cuenta la existencia de antecedentes de violencia física, psicológica, sexual, económica o patrimonial ejercida por la persona agresora; así como la situación de subordinación, dependencia o riesgo en la que se encontraba la persona que actuó en defensa, entre otros.

La propuesta legislativa, que pretende adicionar el artículo 27 Bis al Código Penal del Estado, fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia.

Por otra parte, la diputada Leonela Jazmín Martínez Ayala y el diputado Pavel Gaspar Ramírez presentaron una iniciativa para adicionar el Código Penal del Estado, con la finalidad de establecer que comete el delito de transhomicidio quien prive de la vida a una persona trans cuando la conducta sea motivada por odio, rechazo, desprecio, discriminación o prejuicio relacionados con su identidad o expresión de género, reales o percibidas, independientemente del sexo asignado al nacer.

La iniciativa, que propone adicionar la Sección VI al Capítulo Décimo Quinto, denominada “Del Transhomicidio”, del Código Penal del Estado de Puebla, fue enviada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia.

Asimismo, la diputada Celia Bonaga Ruiz presentó una iniciativa para reformar y adicionar la Ley de Seguridad Privada del Estado de Puebla, con el objetivo de reforzar las facultades de la Secretaría de Seguridad Pública para emitir lineamientos, protocolos y mecanismos de supervisión, asegurando que la coordinación con la seguridad privada se realice de manera ordenada, transparente y conforme a la ley.

La iniciativa para reformar la fracción III del artículo 15 y adicionar el artículo 11 Bis a la Ley de Seguridad Privada del Estado Libre y Soberano de Puebla, fue dirigida a la Comisión de Seguridad Pública para su análisis respectivo.

De igual manera, la diputada Celia Bonaga Ruiz presentó una iniciativa para reformar la Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla, con el objetivo de crear un modelo de coordinación regulada entre las policías municipales y los servicios de seguridad privada en fraccionamientos, sin delegar funciones públicas ni privatizar la seguridad.

Para este fin, la iniciativa que propone reformar el artículo 22 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla fue turnada a la Comisión de Seguridad Pública.

En tribuna, la diputada Fedrha Isabel Suriano Corrales presentó una iniciativa para reformar la Constitución Política del Estado y la Ley de Salud Mental y Adicciones del Estado de Puebla, con el propósito de garantizar la salud mental como un derecho humano reconocido en la Constitución local, así como establecer las bases normativas para que el Estado de Puebla fortalezca, de manera progresiva, la disponibilidad y distribución de personal especializado en salud mental.

La propuesta, que propone reformar el artículo 12 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, así como los artículos 9 y 10 de la Ley de Salud Mental y Adicciones para el Estado de Puebla, fue enviada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Durante la sesión, la Mesa Directiva dio cuenta de las siguientes iniciativas:

Iniciativa del diputado Elpidio Díaz Escobar para reformar y derogar diversas disposiciones del Código Penal del Estado, con el objetivo de fortalecer la protección de los derechos humanos de las mujeres, niñas y adolescentes, particularmente su libertad, dignidad e integridad física, psíquica y sexual, mediante la eliminación de disposiciones penales que resultan discriminatorias, anacrónicas y permisivas frente a la violencia sexual.

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