El Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE) inició una nueva etapa institucional tras la entrada en vigor del acuerdo presidencial que lo desagrupa del sector coordinado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), con el propósito de fortalecer su capacidad para articular las políticas públicas dirigidas a las y los jóvenes entre las distintas dependencias del Gobierno de México.
El acuerdo, publicado el 18 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, establece que el IMJUVE continuará como organismo público descentralizado, ahora no sectorizado, sin quedar agrupado en ninguna otra secretaría de Estado.
La decisión responde al carácter transversal de las políticas de juventud: las necesidades, derechos y aspiraciones de las personas jóvenes no se limitan al empleo o la educación, sino que comprenden también el acceso a la salud, la cultura, el deporte, la vivienda, el bienestar y la participación en la vida pública.
Una inversión pública que ha crecido desde 2018
El cambio institucional ocurre en un contexto de ampliación de los recursos públicos destinados a las y los jóvenes, proceso que cobró un nuevo impulso durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
De acuerdo con cifras presentadas por la STPS en 2024, la inversión acumulada en Jóvenes Construyendo el Futuro entre 2019 y 2024 alcanzó los 127 mil millones de pesos, aproximadamente 18 veces los 7 mil millones destinados a los programas de capacitación laboral considerados por la dependencia en su comparación de los treinta años anteriores.
La ampliación de la inversión continúa durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Según el Anexo 17 del Presupuesto de Egresos de la Federación, los recursos aprobados para el desarrollo de las y los jóvenes pasaron de 575 mil 500 millones de pesos en 2024 a 735 mil 200 millones en 2026, un incremento nominal de 27.8 por ciento.
A diferencia de los recursos de Jóvenes Construyendo el Futuro, el presupuesto transversal comprende programas y acciones de distintas dependencias federales. Por ello, su crecimiento plantea también el desafío de mejorar la coordinación, el seguimiento y la evaluación de las políticas públicas dirigidas a esta población.
Una política de juventud que involucra a todo el Gobierno
Desde su creación, el IMJUVE ha estado agrupado en distintos sectores de la Administración Pública Federal. Inicialmente estuvo coordinado por la Secretaría de Educación Pública; en 2013 pasó al sector de Desarrollo Social, posteriormente Bienestar, y en 2022 fue agrupado en la STPS.
Con la nueva disposición, el Instituto deja de estar adscrito sectorialmente a una secretaría específica, en reconocimiento de que la política nacional de juventud requiere la participación de diversas instituciones del Estado.
El acuerdo establece que el IMJUVE promoverá la coordinación con las dependencias y entidades federales para la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, programas y acciones dirigidas a las y los jóvenes.
Entre los objetivos de esta nueva etapa se encuentran fortalecer la complementariedad de los programas públicos, mejorar los mecanismos de seguimiento y evaluación, y ampliar la presencia territorial del Instituto para mantener una relación más cercana con las personas jóvenes en sus comunidades, escuelas y espacios de convivencia.
La desectorización no implica que el IMJUVE absorba las atribuciones o presupuestos de otras dependencias. Los recursos seguirán siendo administrados por las instituciones responsables de cada programa, mientras que el Instituto buscará fortalecer su función articuladora y de referencia técnica en materia de política nacional de juventud.
Tampoco supone el fin de la colaboración con la STPS, que continuará siendo una institución fundamental para las políticas de empleo y capacitación dirigidas a las y los jóvenes.
El fortalecimiento de la presencia territorial, la articulación entre dependencias y el seguimiento de los recursos públicos buscan contribuir a una política que responda a la diversidad de contextos sociales, económicos y culturales de las personas jóvenes.
Con esta medida, el Gobierno de México busca consolidar una política nacional de juventud que dé continuidad a la ampliación de la inversión social iniciada en 2018 y que reconozca el desarrollo integral de las y los jóvenes como una responsabilidad compartida por las instituciones del Estado.
El propósito es generar mejores condiciones para que las personas jóvenes puedan ejercer sus derechos, desarrollar sus capacidades y construir libremente sus proyectos de vida, con bienestar y felicidad.














