En un ataque perpetrado en la zona rural del municipio de Amalfi, uno de los helicópteros de la Policía Nacional, modelo UH-60 Black Hawk, fue derribado mediante un dron cargado con explosivos, según reportes oficiales.
Este jueves, dos ataques coordinados sacudieron a Colombia y reactivaron las alarmas sobre la presencia de grupos armados en zonas estratégicas del país.
La aeronave realizaba labores antinarcóticos al apoyar la erradicación de cultivos ilícitos cuando fue atacada, resultando en 13 uniformados muertos y varios heridos.
Los atentados ocurren apenas dos meses después de otra serie de explosiones registradas en el suroccidente colombiano. En junio, siete personas murieron en medio de 24 ataques atribuidos a las disidencias de las FARC.
En el municipio de Amalfi (Antioquia), un helicóptero de la Policía que llevaba personal en labores de erradicación manual de cultivos de hoja de coca —según las autoridades— fue atacado con drones.
La aeronave cayó en llamas, causando la muerte de al menos ocho policías y dejando otros ocho heridos, datos que manejan diversas fuentes.
Responsables del ataque en Colombia
Las autoridades atribuyen la acción al Frente 36 de las disidencias de las FARC-EP, liderado por alias Calarcá, quien opera en Antioquia y Córdoba. También se evalúa la posible participación del Clan del Golfo, debido a su disputa territorial en la región.
Se difundieron audios grabados en las inmediaciones del sitio del ataque donde se escuchan frases como: “Coronamos, coronamos”, con posterior felicitaciones entre los atacantes. Esto evidencia la naturaleza terrorista del atentado y la impunidad con que los perpetradores actuaron.
Alertas previas ignoradas
Una misiva fechada el 4 de julio enviada por el secretario de Seguridad de Antioquia, general (r) Luis Eduardo Martínez, advertía sobre enfrentamientos entre el Clan del Golfo y el Frente 36 en la vereda Los Toros. La Gobernación reclamó que esas alertas no fueron atendidas por el gobierno nacional, lo que ha recrudecido la inseguridad.
El Ejército desplegó artillería pesada, incluyendo obuses de 155 mm, para despejar la zona y garantizar la seguridad previa al ingreso de fuerzas especiales, con el fin de neutralizar la amenaza armada y facilitar el retiro de los cuerpos.
Este ataque marca una escalada sin precedentes en el uso de drones armados en Colombia, mostrando la creciente sofisticación de los grupos armados ilegales.
También evidencia fallas en la respuesta institucional ante advertencias sobre la presencia de estructuras criminales en territorios vulnerables.
El impacto del atentado circula entre el horror, la indignación pública y preguntas urgentes sobre la capacidad del Estado para proteger a sus agentes y comunidades.
