Garantiza Itaipue derecho de acceso a la información

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En el marco de la cuarta sesión ordinaria de Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado (ITAIPUE), encabezada por la Comisionada Presidenta, Marcela Carcaño Ruiz, y los Comisionados Propietarios, Gabriela Sierra Palacios, así como Carlos Loeschmann Moreno, se resolvieron 11 recursos de revisión en materia de acceso a la información pública y una denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia.

En la misma sesión se aprobó el cambio de denominación del sujeto obligado Secretaría de Desarrollo Rural, así como la incorporación al padrón de la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, además de la modificación de las Tablas de Aplicabilidad de la Secretaría General de Gobierno.

Respecto a los recursos de revisión, los comisionados revocaron la respuesta otorgada por el sujeto obligado en el expediente 05/PRESIDENCIA MPAL PUEBLA-01/2019, por lo que el Ayuntamiento de Puebla deberá proporcionar al solicitante la evaluación ambiental de la zona de La Calera, a través del medio elegido, siendo éste el electrónico.

En referencia al expediente 409/SESEAP-01/2018 y su acumulado 422/SC-02/2018, los comisionados aprobaron revocar los actos impugnados en contra de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) y de la Secretaría de la Contraloría, respecto a diversos cuestionamientos respecto a declaraciones patrimoniales. En este sentido el Pleno determinó que la Secretaría de la Contraloría deberá emitir a través de su Comité de Transparencia la declaración de su incompetencia y redirigir al ciudadano con la autoridad competente, así como que la Secretaría Ejecutiva del SEA, deberá requerir a los integrantes del Comité Estatal de Participación Ciudadana las declaraciones patrimoniales, para que éste a su vez entregue dicha información.

En el expediente 419/TJADEP-03/2018 se revocó el acto impugnado por lo que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado deberá proporcionar respuesta puntual y congruente a la solicitud de conocer si se había emitido sentencia definitiva en un juicio contencioso administrativo.