Promover el desarrollo y reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios, desde un punto de vista intercultural, es una tarea no sólo del Estado, sino de la sociedad en su conjunto, incluyendo a la Universidad como agente transformador. En el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el doctor en Sociología Antonio Fuentes Díaz, investigador del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades (ICSyH) “Alfonso Vélez Pliego”, nos habla de la resistencia histórica, importancia y retos que enfrentan estos grupos en el actual contexto de inseguridad.
En México, 25 millones de personas se reconocen como indígenas, ubicándose en 70 pueblos originarios, donde se hablan 68 lenguas, de las que se derivan 364 variantes lingüísticas.
La exclusión, punto de inflexión histórica
Para el doctor Antonio Fuentes, las sociedades que son producto de un mestizaje antiguo suelen tener un punto de inflexión, en términos de que los Estados nacionales se constituyeron a partir de quienes colonizaron, dejando en una posición subalterna a las poblaciones originarias.
En el caso latinoamericano, lo anterior se representa bien con los pueblos indígenas y la población afrodescendiente, quienes quedaron subsumidos como ciudadanos de segunda clase, y desde ahí, afirma, inicia el problema de cómo se constituye su posición subordinada en términos de ciudadanía y el uso restringido de sus derechos en el espacio nacional.
Durante el siglo XX se generaron en Latinoamérica proyectos y programas del Estado para los sectores indígenas, a través de la “política de integración nacional”, cuya idea central era establecer una “cultura nacional homogénea”, recordó el académico.
Como ejemplo, mencionó la intención de romper rasgos que se consideraban inherentes a las formas culturales de estas comunidades, como el idioma, en términos de su uso en el espacio público, de ahí que las políticas de educación borraran la enseñanza en lenguas originarias.
Multiculturalismo e Interculturalidad, cambio de enfoque
Es a partir de los años setenta y ochenta cuando se registra un cambio de enfoque, a nivel de diseño institucional, hacia políticas que reconocieran la existencia de ciudadanías multiculturales, debido a oleadas migratorias en Europa y Estados Unidos que desplazaron el tema de la integración homogénea a las culturas nacionales.
“Surge una discusión a nivel global para impulsar que las instituciones oficiales cambien y se hagan plurales respecto a la ciudadanía; es decir, que la institucionalidad se redefina para aceptar un marco complejo y diverso de manifestaciones sociales y culturales, entre otras, a las cuales garantizar el acceso a derechos, en lo que se denominó multiculturalismo”.
En América Latina esta transformación, que buscaba la reivindicación de los derechos políticos, fue impulsada por movimientos sociales indígenas en Bolivia, Ecuador y México, a partir de 1992, cuando se cumplían 500 años del “descubrimiento” de América.
Las movilizaciones visibilizaron añejas problemáticas, pero también la fuerza de un sujeto político emergente, con reivindicaciones políticas novedosas como el buen vivir, el poder obediencial, la comunalidad y el mandar obedeciendo. La noción bajo la que se agrupó este tipo de enfoque político y epistémico fue denominada interculturalidad, basada en el respeto en términos de igualdad de la pluralidad cultural existente.
Movimientos indígenas y reconocimiento
En el caso mexicano, el doctor Antonio Fuentes Díaz refiere al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), como el movimiento armado que buscaba la reivindicación de derechos ciudadanos y un reconocimiento del Estado a sus propias formas de gobierno y de autoridad.
“Este movimiento planteó el debate público sobre la exclusión histórica de los pueblos indígenas, sobre el racismo y la ampliación del ejercicio político más allá del sistema de partidos. Además, presionó para la modificación del artículo segundo de la Constitución Mexicana, que se da a partir de la coyuntura del 2001 en lo que se denominó la “Marcha del Color de la Tierra” y que, con ciertos límites y no exenta de tensiones, obligó a ampliar el reconocimiento legal sobre sus instituciones propias y sus formas de gobierno”.
La modificación que se da al artículo segundo de la Constitución tiene que ver con el derecho a la libre determinación de los pueblos originarios; es decir, usar sus instituciones de la forma más conveniente para ellos, lo que significa una transformación importante respecto a la política de integración diseñada en años anteriores.
Además, advierte el sociólogo de la BUAP, el Estado mexicano antes de proceder a esta modificación había ratificado ya acuerdos internacionales, como el convenio 169 con la OIT (Organización Internacional del Trabajo), en el que se reconocen las aspiraciones de estas poblaciones a asumir el control de sus propias instituciones y formas de vida, de su desarrollo económico, y del derecho que tienen a mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones.
Para el investigador, estos movimientos redefinieron la presencia de los pueblos originarios, porque a partir del reconocimiento a la libre determinación, la han exigido con la instauración de estructuras organizativas mucho más sólidas que les permiten un mejor ejercicio de sus derechos.
“En el caso de las comunidades zapatistas implicó el derecho a lo que llaman autonomía, a la construcción de instituciones propias de educación, salud y seguridad, en el marco del reconocimiento a sus propios derechos, lo que implica una relación distinta, y aunque no todo está resuelto, les permitió una expresión enfática de sus derechos, algo que no tuvieron en el pasado. Esa es una transformación importante”.
La violencia criminal, un nuevo embate
A partir de estos cambios, los pueblos originarios transitan a nuevas estructuras de seguridad, en especial en México, donde la violencia organizada cobra presencia en los asentamientos de pueblos indígenas, donde sus recursos naturales son codiciados no sólo por grupos criminales, sino también por empresas mineras y otros proyectos.
En Michoacán –un caso que estudia el doctor Fuentes Díaz–, las comunidades indígenas habitan bosques de propiedad comunal. Ahí, refiere el académico, no sólo tienen derecho al usufructo de los bosques, sino que los aprecian como un entorno de vida. Sin embargo, en la meseta purépecha, a inicios de 2011, grupos del narcotráfico transitaron a la explotación ilegal de madera de estos bosques.
“Arrasaron con bosques de esta comunidad purépecha, bajo una capacidad de fuerza. Ante estos escenarios, en los que las comunidades se ven asediadas por nuevas formas de depredación con fines económicos, muchas veces recurren a estas figuras que les permiten crear sistemas de seguridad o autodefensa”.
Estas nuevas tendencias de autoprotección tienen una estructura legal bajo la figura de la “policía comunitaria”, lo que les permite, conforme a sus derechos, organizarse en cuerpos de seguridad. No obstante, el especialista reconoció que en el caso de comunidades rurales que no son indígenas, también se dan estos problemas y aunque recurren a esta organización de “autodefensa”, lo hacen bajo un esquema de ilegalidad.
Finalmente, ante la diversificación de actividades delictivas de organizaciones criminales en nuestro país y su presencia en comunidades indígenas, estos grupos se han visto en la necesidad de renegociar su seguridad al margen del Estado, ante la incapacidad institucional para preservar su vida y sus derechos.
