En opinión de Federico Berrueto, si bien el estado de guerra habrá de concluir con el relevo de gobierno, preocupan la herencia, los precedentes, el terreno perdido ante el crimen y el elevado costo que plantea recuperarlo.
El país vive en estado de guerra en dos planos; uno como metáfora y se aplica a la política. El presidente López Obrador se declaró en estado de guerra política desde el inicio de su gobierno. Su acción temprana fue la cancelación del aeropuerto de Texcoco para dejar en claro que no habría concesión alguna hacia quien dudara de su autoridad. Su enemigo no es el crimen organizado, como sí fue con Calderón, más bien al contrario, allí no hay frente de batalla, como muestra el ratificado principio de los abrazos no balazos. El enemigo es la oposición en una lógica que trata de reducir a su mínima expresión al adversario, a quien se le ve como opuesto, como amenaza que hay que contener a toda cosa, no como una legítima diferencia propia de la alternancia en el poder y de la ética democrática que implica la coexistencia entre mayoría y minorías.
Las consecuencias del enfrentamiento son múltiples. Como toda lógica de guerra se sacrifica la verdad, la legalidad se elimina o se emplea a conveniencia; además, no hay neutralidad posible: se está incondicionalmente a favor de la causa que el superior define o se es enemigo. La guerra requiere de propaganda por eso no hay espacio para la verdad, mucho menos para el escrutinio al poder, que es entendido como un recurso del enemigo, sean los contrapesos institucionales, la actuación de los órganos constitucionales autónomos o el ejercicio de la libertad de expresión. Recurrir a la mentira y al engaño no es una acción defensiva, sino ofensiva, se trata de movilizar a la población a favor del proyecto y de los recursos utilizados.
La ética de la guerra es el triunfo, los medios no importan; de hecho, todo recurso para prevalecer es legítimo, lo que conduce a una inevitable violación de los derechos humanos, particularmente los de los adversarios y de sus aliados potenciales, sujetos a permanente intimidación por el poder. De esta manera la ilegalidad va ganando terreno tanto en un sentido defensivo (eliminar la transparencia, por ejemplo) y el ofensivo (el uso político de la justicia penal o de los servicios de inteligencia).
