Corrupción e impunidad son los elementos que se combinan para crear un ambiente social en el que la ilegalidad gana terreno, mientras lo pierden la justicia, igualdad, legalidad y armonía. En estas circunstancias son indispensables la instituciones que tienen a su cargo la procuración de justicia.
Según el Índice Estatal de Desempeño de Procuradurías y Fiscalías ―publicado por Impunidad Cero― 2021 que mide el desempeño de estas instituciones estatales en aspectos que abarcan la estructura, operación y resultados, destaca que la tasa de fiscales y agentes del Ministerio Público por 100 mil habitantes aumentó en 23% de 2016 a 2020, generando una disminución de 12.6% en la carga de trabajo.
Empero, dicha disminución no representa necesariamente una reducción en la incidencia delictiva, ya que la cifra negra, es decir, los delitos que no se denuncian, aumentó un punto porcentual de 2019 a 2020. Al mismo tiempo, la confianza en las instituciones de procuración de justicia aumentó 12.4% en los últimos seis años.
Un dato relevante es el presupuesto per cápita destinado a esta función, el cual aumentó entre 2016 y 2020 en 17.1%, pero en términos reales disminuyó -2.3%. Con ello, la efectividad en la resolución de los casos se vio disminuida al caer -20% de 2019 a 2020 a nivel nacional, lo que impacta directamente en una reducción en la probabilidad de esclarecimiento del delito, la cual pasó de 1.3% en 2019 a 1% para 2020, lo cual quiere decir que de cada 100 delitos solo 1 se esclarece. Asimismo, la impunidad en homicidio doloso se mantiene alta, con niveles de casi 90%.
A nivel estatal, la fiscalía que cuenta con una mayor probabilidad de esclarecimiento del delito, aunque con un porcentaje muy bajo, es la del estado de Guanajuato (2.99%). Le siguen los estados de Baja California (2.77%) y Chiapas (2.42%). Por su parte, los estados en los que hay una menor probabilidad de que se esclarezcan los delitos son Guerrero (0.1%), Quintana Roo (0.25%) y Aguascalientes (0.26%).
Nuevo León ocupa el primer lugar en este indicador con un total de 68.6 puntos de 100,
seguido de Yucatán (68.4), Chihuahua (65.5), Guanajuato (63.6) y Sonora (61.5). Puebla se encuentra en el último lugar del ranking con 36 puntos, seguido de Morelos (36.1), Veracruz (36.2), Nayarit (37.3) y Oaxaca (40.2). Sonora se ubica en los primeros estados, cuando en ediciones anteriores no se ubicaba entre los 10 primeros lugares. Por el contrario, Nayarit no se había ubicado en los últimos 10 lugares en otras ediciones y en esta edición se coloca como la cuarta fiscalía peor calificada.
Estos datos no hacen sino confirmar la fragilidad de las instituciones de justicia en nuestro país, la falta de capacidades y sus problemas de funcionamiento. Por ejemplo, en el Índice Global de Impunidad 2020 ―publicado por la Universidad de las Américas Puebla― México se ubica en la posición 60 entre los 69 países analizados, con un índice de 49.67 que representan 10 puntos más de impunidad frente al promedio global (39.9), aunque también lejos del país peor evaluado que es Tailandia con 62.3.
México destaca por ubicarse entre los países con mayores niveles de impunidad, incluso como uno de los países latinoamericanos con más impunidad, donde América Latina suele ubicarse en el IGI como una región caracterizada por altos niveles de impunidad.
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