La exigencia de 60 años de prisión para Javier López Zavala, declarado culpable del asesinato de Cecilia Monzón, no es solo una petición de castigo, es una demanda de coherencia institucional en un país donde, durante años, las vidas de las mujeres han sido tratadas como cifras y no como hechos que obligan a una respuesta firme del Estado.
No se trata únicamente de aplicar la pena máxima; se trata de lo que esa pena representa en términos de justicia, igualdad ante la ley y responsabilidad política.
En el centro de este caso hay una familia que no solo ha tenido que atravesar el duelo, sino asumir una tarea que nunca debería recaer en las víctimas: vigilar que la justicia no se desvíe.
Desde el inicio, el proceso dejó ver cómo operan las estructuras de poder cuando hay un apellido conocido, una trayectoria política y una red de relaciones capaces de posponer, confundir o desgastar.
Que el fallo condenatorio haya llegado no fue casualidad ni buena suerte, fue resultado de la insistencia, del escrutinio público y de una presión constante para que el caso no se perdiera en tecnicismos ni en retrasos estratégicos.
La insistencia en alcanzar la pena máxima no es solo dolor convertido en reclamo jurídico, es también una señal clara del hartazgo social frente a una justicia que suele volverse lenta cuando quien debe responder tiene capital político.
Aquí no estaba en juego únicamente una condena, sino la credibilidad del sistema judicial ante una sociedad que exige, con razón, que el poder deje de ser un atajo hacia la impunidad.
Pero un fallo, por sí solo, no basta, pues la exigencia de que la sentencia se traduzca en prisión efectiva es también un mensaje político: no más diluciones, no más reinterpretaciones convenientes, no más privilegios encubiertos.
Quienes han ocupado espacios de poder deben responder ante todos, no solo ante quienes los respaldaron, y la ley no puede tener excepciones disfrazadas de formalismos.
El feminicidio de Monzón exige algo más que justicia en abstracto, exige consecuencias reales, porque mientras la justicia dependa de la visibilidad del caso o de la capacidad de las familias para sostener procesos largos y desgastantes, seguirá siendo desigual.
Lo que se reclama aquí no es solo una pena máxima para un crimen específico, sino un principio básico: que las vidas no se valoren según el ruido mediático que generan.
Este fallo no es una concesión del sistema, es una conquista social, pues no fue una justicia espontánea ni generosa, llegó porque hubo exigencia constante y porque se rompió la narrativa que intentaba reducir el crimen a un asunto privado.
Esa persistencia, es una forma de poder que las mujeres han aprendido a ejercer incluso en los contextos más hostiles.
La discusión sobre la pena no es técnica, es profundamente política y habla del lugar que ocupa la vida de las mujeres en la escala de valores del Estado, habla de si los hombres con poder seguirán teniendo rutas de escape o si, por fin, deberán responder como cualquier otro ciudadano… Y habla también de algo esencial, de la necesidad de que las mujeres sepan que denunciar no es un acto inútil, aunque exija una fortaleza que nunca debió ser requisito.
Este caso no cierra una herida, pero deja una certeza: el silencio ya no protege a los agresores y la paciencia, aunque injustamente exigida, puede transformarse en justicia cuando no se camina sola. Cecilia Monzón vive hoy en esa grieta que se abrió en el sistema, en esa prueba de que incluso los perfiles altos pueden enfrentar consecuencias reales.
Para las mujeres, este fallo no es solo una sentencia, es una señal que afirma que el poder puede caer, que la voz puede sostenerse y que la memoria también es una forma de justicia, porque cuando la justicia se ejerce con firmeza, no solo se sanciona un crimen, se establece una expectativa de responsabilidad que puede ¡y debe! extenderse a todos, y eso es algo que este país necesita con urgencia.
