En Puebla, en promedio, en uno de cada cinco casos en los que se registran linchamientos, las fuerzas de seguridad detienen a posibles responsables; mientras que, en 80 por ciento de las situaciones, no se tiene a ningún responsable.
De acuerdo con datos del análisis “Linchamientos en Puebla, violencias extremas que conjugan violaciones de derechos humanos”, realizado por investigadores del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (IDHIE) de la Universidad Iberoamericana Puebla y de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), destaca que el linchamiento se trata de un fenómeno en el que personas comunes y corrientes defienden, de manera espontánea e ilegal, el orden social por su propia mano.
Tadeo Luna de la Mora, responsable de Seguridad y Justicia del IDHIE de la Ibero Puebla, explicó que los linchamientos son producto de la descomposición de las estructuras sociales que representan violaciones a los derechos secundarios.
Agregó que los casos de justicia por propia mano son consecuencia de la crisis de legitimidad estatal, pues la ciudadanía entiende que su entorno está atravesado por altos índices de corrupción y, sobre todo, de impunidad.
En un periodo de cinco años, entre 2015 y 2019, ocurrieron en 54 linchamientos en los municipios del estado; Puebla, San Martín, Amozoc y Atlixco registraron la mayor incidencia.
Los principales detonantes para el linchamiento son los delitos contra el patrimonio, específicamente, robo de autos.
“En 45 de los 53 casos de linchamientos consumados se registró algún tipo de actuación policial. De estos, en uno de cada cuatro casos hubo agresiones contra los elementos de seguridad, y solo en el 19 por ciento de los casos totales hubo detenidos”, comentó el investigador.
Resaltó que la investigadora Martha Huggins definió el linchamiento como “la acción violenta de ciudadanos contra otros ciudadanos que presumiblemente han violado una norma social”. En otras palabras, se trata de un fenómeno en el que personas comunes y corrientes defienden, de manera espontánea e ilegal, el orden social por su propia mano.
Los linchamientos están creciendo en número y forma; además, se convirtieron en un mensaje político a las instituciones estatales, añadió el especialista.
«Parece ser más importante el lugar en el que se cometen los delitos que la gravedad de los mismos. Pueden ser interpretados como el culmen de un acto performáticos. Las víctimas mueren por los golpes, pero en 13 casos se recurrió al fuego”, apunto.
Por su parte, Antonio Fuentes Díaz, investigador de la BUAP, resaltó el uso de elementos ritualistas en los linchamientos, lo que forma parte de una manera distinta de entender y ejercer el derecho ciudadano.
Señaló que la inoperancia de las instituciones de impartición de justicia deriva en dos grandes grupos de violaciones a los derechos humanos: las faltas y la ausencia de una debida diligencia.
“La violencia endémica se conjuga con las dinámicas de linchamiento: entre más violento es un espacio, mayor latencia hay a la autojusticia. Esto se ve reflejado en la exclusión estructural y la vulnerabilidad económica, ambientes que impactan al patrimonio y propagan la sensación generalizada de inseguridad, misma que es compartida por ocho de cada diez poblanos”, destacó.
