En el marco del Día Internacional contra la Corrupción que se celebra el 9 de diciembre de cada año, te dejamos estos datos sobre la situación de la corrupción en Puebla.
Durante 2022 el 19.6 de los poblanos mayores de edad argumentó haber sido víctima de algún acto de corrupción, en institución pública o al momento de un trámite burocrático.
Durante el último año de la administración de Miguel Barbosa, el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales colocó a Puebla como el segundo estado con mayor indicador de corrupción de todo el país, pues por lo menos uno de cada cinco poblanos mayores de 18 años fue víctima de este delito.
Asimismo, el documento detalla que los hombres son más propensos a ser víctimas de corrupción en el estado, toda vez que el 26.7 por ciento de la población masculina de la entidad refirió haber sufrido este delito, mientras que en el caso de las mujeres este indicador fue del 12.3 por ciento.
Por su parte, la entidad también supera a la media nacional, pues el promedio de mexicanos que dijo haber sufrido de corrupción fue del 14.7 por ciento, esto quiere decir que en la entidad hubo casi cinco por ciento más de su población que dijo haber sido víctima de dicho delito
En este sentido, solo hubo una entidad que superó a Puebla con mayores indicios de que su población mayor de edad fue víctima de corrupción, ya que en Quintana Roo este indicador llegó a ser del 20.4 por ciento, es decir, que superó a la entidad por menos de un punto porcentual.
Caso contrario a lo que ocurre en los estados con menos indicadores de corrupción del país, que son: Baja California Sur, entidad en donde apenas el 5.2 por ciento de sus adultos dijo haber sido víctima, así como en Colima que reportó un indicador del 6.2 y Zacatecas con el 8.2 por ciento.
Hay que recordar que en el periodo de tiempo que maneja el estudio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía fue el último año de la administración del gobernador Miguel Barbosa antes de su muerte en diciembre de 2022.
Datos en 2021
En Puebla, durante el año 2021 el 19.6 por ciento de la población de 18 años y más, es decir 2 de cada 10 habitantes, fue víctima de actos de corrupción, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Son los hombres quienes más han experimentado esos actos, 26.5 por ciento manifestó haberlos vivido; mientras que de las mujeres fue 12.3 por ciento.
Asimismo, se indicó que en el citado año 43.5 por ciento de las personas que se encontraban privadas de la libertad en centros penitenciarios de esta entidad federativa, fueron víctimas de la corrupción en alguna parte de su proceso penal, incluyendo desde su detención, presentación ante el Ministerio Público, juzgado o penal.
Datos de 2023
A nivel nacional, en 2023, 22 por ciento de las personas adultas mencionó que la corrupción es uno de los tres problemas que más le preocupan, aunque los hombres lo perciben con mayor frecuencia que las mujeres.
Los mexicanos consideran que quienes más incurren en prácticas corruptas son los policías, después los partidos políticos, seguido del Ministerio Público, las cámaras de diputados y senadores, gobiernos estatales, administraciones municipales, jueces y magistrados, el gobierno federal y los institutos electorales.
También consideran que hay corrupción en hospitales públicos, en las comisiones de derechos humanos, Guardia Nacional, universidades públicas, ejército y marina, organismos autónomos públicos o descentralizados y, en último lugar, en las escuelas públicas.
Por otra parte, el organismo informó que hasta 2022, en Puebla se contaba con cuatro mecanismos para la recepción de denuncias en contra de las personas servidoras públicas; recepción de denuncias, declaraciones de situación patrimonial, registro de declaraciones y propuesta de mejor para los procesos de trabajo.
Sin embargo, no se halló información de cumplimiento de sanciones ni constancia de presentación de declaración fiscal.
El Inegi subrayó que medir la percepción de corrupción es importante porque afecta, entre otros, los niveles de confianza que la sociedad tiene en las instituciones públicas.
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