En opinión de Federico Berrueto, la complicidad, por no decir cobardía, de los grandes empresarios mexicanos y sus representantes gremiales cobra hoy factura.
El engaño es uno de los recursos de siempre en la política. Frente a la visión idealizada del político se sobrepone la del pragmático que utiliza los recursos de poder para lograr sus objetivos. Los políticos que no tienen autocontención ni escrúpulos pueden ser muy eficaces, más en los tiempos de descontento social.
Se cultiva el agravio, el rencor social y el prejuicio, así, se trata de asumirse progresistas y actuar de manera reaccionaria; decir ser liberal y comportarse conservador; invocar a la democracia y convalidar el autoritarismo; presentarse como justo e imparcial, hacer lo opuesto; postular la honestidad y dejar pasar la corrupción de manera selectiva en la ajena y absoluta en la propia; ser tolerante y bajo mano auspiciar la represión y el rechazo a quien disiente; decir que se es respetuoso del opositor y utilizar la calumnia y la injuria para descalificar a quien no se le somete; excluir el rencor de palabra y hacerlo realidad en la acción.
Buena parte de los grandes empresarios mexicanos han cedido ante el presidente; uno engaña y ellos se dejan engañar con la ilusión de mantener privilegios. El mandatario integró tempranamente un consejo asesor en el que convocó a parte de la oligarquía nacional. Nunca funcionó, pero se pensó que su influencia de la mano de Alfonso Romo habría de llevar al gobierno a la moderación en la economía.
Tampoco los representantes empresariales quienes optaron por el colaboracionismo pudieron incidir en el presidente. López Obrador ha hecho lo que le viene en gana sin mayor resistencia de los empresarios, ni en las formas ha habido comedimiento.
Tres acciones positivas han servido para contener el rechazo empresarial. La primera fue el respaldo al Acuerdo Comercial con EU y Canadá; la segunda, una política de gasto sumamente conservadora, para algunos propia de una visión neoliberal. La tercera, su respeto a la autonomía del Banco de México. Una cuarta acción ha sido de carácter intimidatorio o represivo y ha ido a cuenta de la UIF, de la Procuraduría Fiscal y, eventualmente, de la FGR. Se recordará que el 14 de marzo de 2019 el presidente a través de Santiago Nieto presenta y bloquea cuentas de las empresas y a los integrantes del organismo empresarial cúpula, el CCE, que supuestamente habían financiado la producción y divulgación del documental del populismo propalado en el marco de la campaña de 2018.
Ahora, con la radicalización del presidente los empresarios, todos, acreditan su calidad de ilusos respecto a la expectativa que tenían. La militarización para ellos no es un tema mayor y la postura gubernamental respecto al INE o el INAI no es de su agrado, pero no es fundamental. Sí es la certeza de derechos y el desdén presidencial a la legalidad, así como su embestida contra la Suprema Corte de Justicia y las reformas estatistas que amplían la discrecionalidad del gobierno. En esto mismo va implícita la pasividad presidencial frente al avance del crimen organizado.
La suspensión de la concesión de Grupo México es referencia porque muchos grandes negocios dependen del favor oficial, especialmente para quienes son concesionarios o permisionarios. Quizá el presidente violentó el título de concesión para forzar a un acuerdo en sus propios términos. Aunque se logró el acuerdo, este ocurrió frente a la intimidación y la toma violenta de las instalaciones al amparo de una ilegal toma temporal. La autoritaria decisión tiene implicaciones y consecuencias no previstas. El precedente allí queda. No faltarán empresarios que subestimen el hecho y piensen que la embestida es aislada y sólo contra un empresario.
La complicidad, por no decir cobardía, de los grandes empresarios mexicanos y sus representantes gremiales cobra hoy factura. El país encara la amenaza de un régimen autocrático si Morena y los suyos (posiblemente con el PRI de Moreira y Moreno) ganan la mayoría calificada. No solo los empresarios sino muchos mexicanos están obligados a defender reglas del juego que garantizan el respeto a los derechos y que imponen límites a la autoridad. La disputa no es una diferencia política menor, lo que está de por medio es un cambio de régimen, el retorno por la puerta grande del presidencialismo autoritario.
