El domingo pasado fue un día de fiesta ciudadana. Cientos de miles de mexicanos en más de 112 ciudades del país salieron a manifestarse con civilidad en defensa de las instituciones fundamentales de la democracia electoral.
El precedente del 13 de noviembre anticipaba una abultada concurrencia, una rica expresión de la diversidad social, regional y pluralidad política que converge en una causa: la vigencia de la democracia. Y así resultó.
Aunque solo media poco tiempo de aquella marcha, mucho ha acontecido en el ámbito de la política. En lo positivo, el rechazo a la reforma constitucional electoral; la renovación de la Corte y la conformación de una alianza opositora para los comicios de Coahuila y Estado de México. En lo negativo, la reedición del intento legislativo de minar a las instituciones democráticas; el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leyva, una voz vigorosa del periodismo de radio y Tv; y la conformación parcial del Comité Técnico Evaluador para la integración de las listas de aspirantes a consejeros electorales, acompañada del inexplicable abstencionismo de la oposición en la Cámara de Diputados.
Desde ahora se advierte que será el plano judicial donde habrá de dirimirse el futuro de la democracia electoral. Un acierto la medida cautelar del Ministro Alberto Pérez Dayán para suspender la aplicación de la parte ya promulgada de la reforma para evitar “afectaciones irreparables al sistema democrático y a los derechos fundamentales implicados”.
Bajo la misma lógica, se espera prevención semejante una vez que sea promulgada la parte sustantiva de la reforma. Un paso positivo, pero lo fundamental vendrá cuando la Corte se pronuncie con 8 votos sobre la inconstitucionalidad de los cambios aprobados por la mayoría en el Congreso.
El mensaje del domingo fue el de la legalidad. El sustento de la democracia es la Constitución y lo que exigimos es el respeto a lo allí consignado.
El destinatario del 13 de noviembre fue el constituyente permanente, se ganó esa victoria; el de este domingo es la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su tarea de salvaguardar la carta magna sobre los actos de autoridad y las normas inconstitucionales. Así de sencillo, así de trascendente.