Por el escurrimiento de lixiviados, la población se percató del problema por el que pasa el confinamiento final de los desechos sólidos en el denominado cerro de Chiltepeque y que ha sido operado desde 1995 por al menos tres empresas.
Un negocio que parece insignificante pero que representa una concesión millonaria para quien la ostenta y actualmente es la empresa RESA. Y según el Secretario de Gobernación Municipal, Francisco Rodríguez, cuenta con una operación adecuada y con base en los estándares que la ley señala.
Sin embargo, esta versión –en cierta medida- contrasta con las observaciones que ha hecho el gobernador, Alejandro Armenta, quien ha advertido que el modelo actual de relleno sanitario ya ha sido rebasado y necesariamente se deben instalar centros de transformación donde los desechos orgánicos e inorgánicos se reutilicen. Es prioridad para su gobierno y los Ayuntamientos están obligados a apoyarlo.
No obstante, las administraciones municipales a lo largo de estos 30 años, han ido alargando la vida útil de este y otros importantes basureros que operan en el estado. Recientemente el Ayuntamiento de Pepe Chedrahui, permite el funcionamiento sin establecer actualizaciones al contrato, con el argumento de que la revocación de la concesión costaría millones de pesos al erario y es herencia de gobiernos pasados.
Aquí deseo detenerme por un instante: como ciudadana común, no entiendo que una autoridad sucumba o al menos no pueda negociar con alguna empresa privada para mejorar un servicio y mínimamente cumpla con lo pactado, es inconcebible que tenga atada a la autoridad, sobre todo cuando se destinan millones de pesos al servicio de recolección.
En este tema el edil, debería seguir un poco el ejemplo del gobernador y tomar el toro por los cuernos para ajustar el trato con las empresas encargadas de dicho servicio: PASA y RESA.
Es bueno que el edil de Puebla, haya puesto nombre y apellido a quienes realizaron la reciente manifestación en Chiltepeque, pues señaló que son consejeros del PAN los que la convocaron a dicho movimiento, convirtiendo el tema –según sus declaraciones- en una cuestión política. Pero, más allá de los conflictos y señalamientos es necesario atender –si es que hay- los problemas de contaminación que pudieran derivarse del funcionamiento del basurero.
No debe haber pretextos, ni evadir responsabilidades de ningún gobierno y mucho menos para la Federación; la población merece autoridades realmente comprometidas con su trabajo, que promueva soluciones serias a los graves problemas que las ciudades grandes tienen.
Por fortuna, el mismo gobernador Alejandro Armenta, habló con Pepe Chedraui para que haya una intervención en el relleno sanitario, independientemente de que sea una concesión heredada se tomarán cartas en el asunto para ir resolviendo el problema.
Existe un proyecto con tecnología con el que se solventarán muchos problemas en este basurero. Porque este tema no es aislado, tiene que ver con la contaminación del subsuelo y por ende de los mantos freáticos. Puebla y los poblanos merecemos autoridades competentes y no salgan con que no hay recursos, siempre hay, si se saben gestionar. Es verdad que la basura es dinero… lo sabemos quienes nos interesamos por los temas ambientales. Ojalá pronto se avance en la solución que el gobierno estatal ya proyectó para Puebla y otros municipios que tienen el mismo problema.
Un poco de contexto: el relleno sanitario “El Chiltepeque” inició operaciones en 1994, cuando el ayuntamiento de Puebla autorizó una concesión para la disposición final de residuos de la capital.
Actualmente, el basurero recibe residuos no sólo de Puebla, sino también de San Pedro Cholula, San Andrés Cholula, Huejotzingo, Coronango, Amozoc, Cuautlancingo y Santa Clara Ocoyucan.
X @marumora7
