El abatimiento de Nemesio Oseguera, El Mencho, jefe del CJNG es la mejor noticia que puede recibir el país. Es natural que las especulaciones proliferen, pero el hecho es lo que importa. Cae el líder del grupo criminal más sanguinario y que se ha extendido en casi todo el territorio nacional.
Para la presidenta Sheinbaum y su gabinete de Seguridad, particularmente de la SEDENA y Seguridad Ciudadana, es el mayor logro en lo que va de su gobierno. Sin embargo, tiene efectos colaterales y una inercia que es imposible contener sin asumir un elevado costo.
La secuela de violencia debe ser contenida con determinación y sin vacilación.
El comunicado oficial concede que hubo apoyo complementario de inteligencia de las autoridades norteamericanas. Nada que reclamar, justo lo contrario, que la colaboración se traduzca en resultados concretos es lo que importa.
Además, conjura las amenazas de intervencionismo por parte del presidente Trump. Desde luego, que hay mucho por hacer, pero el trabajo que realizan las autoridades mexicanas vale y habla por sí mismo.
Acabar con un jefe criminal puede ser el punto de quiebre para disminuir al crimen organizado, pero también puede resultar en la fragmentación y que proliferen distintas organizaciones iguales o más violentas.
Es el momento para profundizar las acciones de combate al crimen, con determinación y para ello es tarea de la presidenta ejercer el liderazgo que la realidad política le ha disputado. No será fácil, pero es una oportunidad, quizá irrepetible.
Es el momento de un balance de la situación, un diagnóstico certero que signifique un quiebre con el estado de impunidad que vive el país.
Esto tiene muchas implicaciones, las más graves y difíciles de sortear tienen que ver con la colusión del régimen con el crimen organizado.
Así como en su momento el presidente Lázaro Cárdenas tuvo que remover gobernadores y echar de su cargo a legisladores, la mandataria deberá actuar con firmeza, caiga quien caiga.
Hay razones para el escepticismo, especialmente porque la presidenta ha actuado con complacencia ante reiteradas denuncias y hechos que muestran la venalidad y la complicidad de sus correligionarios con el crimen.
Especialmente difícil es el caso del círculo cercano de López Obrador, sus hijos, el general Audomaro Martínez y Jesús Ramírez Cuevas.
Una medida disciplinaria a semejanza de Lázaro Cárdenas representa una ruptura y un riesgo político mayor; sin embargo, se vuelve inevitable si se trata de privilegiar al país y no al régimen, y de esta manera dar continuidad a los efectos positivos que plantea el abatimiento de El Mencho.
El ejército y la Marina requieren recuperar la credibilidad y la confianza que la sociedad les ha dispensado. El secretario Almirante, Rafael Ojeda debe ser sujeto a Consejo de Guerra, esto es, debe ser juzgado por sus pares por la traición a la institución.
Son palabras fuertes, pero la situación la obliga y los hechos incriminatorios que le acompañan al exsecretario no se pueden soslayar.
El diálogo divulgado entre el valiente contraalmirante Guerrero Alcántar, quien denuncia la venalidad de los dos sobrinos del almirante y que llevaron meses después a su asesinato merece una acción judicial ejemplar. Nadie mejor para hacerla valer que la misma Marina y sus integrantes.
La presidenta debe dar espacio a que así suceda y dar honor y reconocimiento al marino Guerrero Alcántar, caído por el cumplimiento con el código de honor de un buen marino, de un buen mexicano.
Los soldados y los marinos en su inmensa mayoría son dignos de la confianza social y del honor asociado a las fuerzas armadas por su lealtad y compromiso con el país.
Ha habido traición, el presidente López Obrador, quien nunca tuvo aprecio por los soldados y marinos los corrompió, como queda claro con el contrabando de combustible que sirvió para financiar el movimiento obradorista, operado por la jerarquía en la jerarquía de la Secretaría de Marina.
La presidenta encara un muy delicado dilema, ser Lázaro Cárdenas o Pascual Ortiz Rubio.
Institucionalizar a la cuarta transformación o continuar como hasta ahora, un régimen político al servicio de su fundador, al margen de la ley y de sometimiento a las pulsiones del caudillo.
Al menos Calles tenía sentido de Estado y no se abonaba en el rencor y el agravio social. No es el caso de López Obrador.
La caída de Nemesio Oseguera plantea una oportunidad, quizás irrepetible.
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