En sesión pública ordinaria del Congreso del Estado, la diputada Susana del Carmen Riestra Piña presentó una iniciativa para expedir la Ley de Gobierno Abierto y Datos Abiertos del Estado de Puebla, que tiene como finalidad establecer las bases, principios, mecanismos e instrumentos para la implementación de una política estatal en la materia.
Se pretende contar con un ordenamiento legal que impulse la promoción de la transparencia proactiva, la participación ciudadana, la colaboración institucional, la innovación pública, la rendición de cuentas y la disponibilidad de datos abiertos, y que permita fortalecer la integridad pública, mejorar la calidad de las decisiones gubernamentales y consolidar un modelo de gestión orientado al interés público.
La propuesta legislativa fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, para su estudio y resolución correspondiente.
Por su parte, el diputado Rosalío Zanatta Vidaurri presentó una iniciativa para reformar el artículo 105 Ter de la Ley del Sistema Estatal de Protección Civil, con la finalidad de establecer que quien realice la instalación temporal de juegos mecánicos en vía pública tendrá la obligación de contar con un programa interno de seguridad.
El diputado señaló que se debe contemplar el croquis de ubicación, extintores, carteles que indiquen peso, edad y condición física mínima y máxima para poder acceder al juego, señalética de ruta de evacuación, póliza de seguro que ampare responsabilidad civil y daños a terceras personas.
La propuesta del diputado se envió a la Comisión de Protección Civil.
Por su parte, la diputada Celia Bonaga Ruíz presentó la siguiente serie de iniciativas:
Iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Orgánica Municipal, con la finalidad de fortalecer los mecanismos de prevención, control administrativo y coordinación en materia de seguridad, con pleno respeto a la autonomía municipal, los derechos de las personas y las competencias establecidas en el orden jurídico.
La propuesta legislativa fue dirigida a la Comisión de Asuntos Municipales.
Iniciativa para reformar el último párrafo del artículo 290 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, con el propósito de fortalecer la capacidad institucional para atender de manera oportuna las amenazas que, por sus características, puedan utilizarse como mecanismo de presión sobre quienes ejercen funciones públicas o participan en procesos de representación popular, particularmente cuando exista riesgo para el funcionamiento de los ayuntamientos y demás instituciones públicas.
