En opinión de Federico Berrueto, con el fallo de la SCJN sobre la Guardia Nacional, lo que vale es la supremacía constitucional y un sistema de poderes que permite que la norma fundamental prevalezca.
Con el voto del pleno de la Corte que invalida la reforma sobre la asignación de la Guardia Nacional a la Sedena y otras disposiciones relacionadas, el país vive un momento histórico. No hay espacio para lo secundario como las razones y el voto de tres Ministros en contra del proyecto del ponente González Alcántara. Es la naturaleza propia de los órganos colegiados, la libertad de quienes los integran. Fundamentales son los ocho votos que invalidan una norma aprobada por el Congreso.
Las pasiones políticas no entienden de aritmética ni de arquitectura constitucional. Por ello muchos reducen toda consideración al sentido del voto de la mayoría calificada. Está bien porque anuló la ley. Es correcto porque perdió el régimen de gobierno. Se equivocan. Lo que vale es la supremacía constitucional y un sistema de poderes que permite que la norma fundamental prevalezca.
No es un asunto menor. Se trata de revertir una decisión del Congreso. No importa si gusta o no. Anular una determinación legislativa es cosa seria y una de las tareas más delicadas de la Corte. Para algunos, el criterio garantista del órgano judicial implica ampliar su espacio de interpretación de exégesis en el desarrollo de sus resoluciones y sentencias; este asunto ha estado en el centro del debate respecto a la prisión preventiva oficiosa, que muchos indebidamente confunden con la prisión preventiva automática, como señaló en su momento con agudo acierto el ministro González Alcántara.
El ejercicio de ahora es doble y afortunadamente concurren valoraciones sobre el sentido civil de la función de seguridad pública con lo que determina la Constitución. Es inequívoco el texto, además de ser preciso en cuanto a la asignación de la Guardia Nacional a la secretaría responsable de la seguridad ciudadana y no a la de la Defensa Nacional. Asimismo, y central de la sentencia es la consideración de que la seguridad pública es una responsabilidad de los civiles, no de los militares ni de sus unidades administrativas.
El voto de la Corte no es en contra de autoridad alguna. No es en contra del Ejecutivo, del Legislativo, mucho menos del sector militar. Es una decisión de estricta constitucionalidad, esto es, una definición de lo que determina el texto de la norma suprema. En sus efectos políticos circunstanciales puede haber la percepción de ganadores y perdedores; no es así. Hacer valer la Constitución es a favor de las instituciones públicas, de los poderes, órdenes de gobierno y ciudadanos.
Mucho han hecho los militares por el país. Especialmente en materia de seguridad pública. Nadie regatea su aportación, lealtad y compromiso con la Nación. Sin embargo, su presencia en esta tarea, como establece el mismo texto constitucional, debe ser regulada, controlada y temporal. Ha sido una falta de los civiles que el país tenga que recurrir a sus Fuerzas Armadas por la incapacidad de las autoridades de conformar policías a la altura del problema. Este abuso y la negligencia para formar policías civiles ha significado que lo que es temporal se vuelva permanente. También que la simulación gane terreno y que la dimensión civil sea mera fachada de la realidad que es militar.
Las Fuerzas Armadas quedan expuestas al realizar tareas para las que no están creadas ni preparadas. El país pierde y los civiles se hacen omisos en su obligación básica de cumplir con su responsabilidad de proveer seguridad pública para transferirla a quienes no les corresponde. Se entiende y comprende que se tenga que recurrir a los soldados y marinos, pero han pasado demasiados años y no hay una iniciativa eficaz y suficiente que haga pensar que pronto habrá de contarse con un sistema de seguridad pública bajo mando y operación civil.
Enhorabuena por los once ministros del supremo tribunal. El voto de su mayoría calificada acredita la vigencia del régimen republicano de legalidad constitucional. Adelante vienen otros asuntos delicados sobre los que habrá de pronunciarse, algunos de ellos leyes impugnadas por su presunta inconstitucionalidad. Tal como se ha señalado, la Corte se reviste como la última trinchera en la salvaguarda de la República.
