Foto Jaime Zambrano
La Universidad Iberoamericana Puebla cuestionó la actuación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por negarse a interponer una acción de inconstitucionalidad contra el paso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Para la institución que forma parte del Sistema Universitario Jesuita, la falta de actuación de la CNDH ante las reformas aprobadas en la Cámara de Diputados que amplían a 2028, la participación del Ejército en tareas de seguridad pública, atenta contra los derechos.
El Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, el Observatorio de Participación Social y Calidad Democrática y la Clínica Jurídica Minerva Calderón de la Ibero Puebla lamentaron el pronunciamiento DGDDH/067/2022, en el que la CNDH anunció su negativa a interponer una acción de inconstitucionalidad ante las reformas en torno al paso de la Guardia Nacional a la Sedena.
En el posicionamiento de la Ibero Puebla, se destaca que la postura del organismo encargado de velar por los derechos humano va en contra de la consolidación de un estado democrático en el país.
“La CNDH justifica su rechazo a interponer el recurso de control constitucional para el que está facultada argumentando que dada la situación de violencia que aqueja al país, la intervención de la Sedena es admisible siempre y cuando su intervención se encuentre limitada en el tiempo y sujeta a casos excepcionales. Sin embargo, esto implica una violación a los preceptos constitucionales e internacionales, y un desconocimiento del contexto de agravamiento de las violencias y violaciones a derechos humanos a consecuencia de la militarización de la seguridad”, añade el documento.
La militarización de la seguridad no es un fenómeno nuevo en México y dicha estrategia no se traduce en una disminución de la delincuencia ni en redunda en que la ciudadanía se sienta más segura.
“En vez de ello, el enfoque militarizado de respuesta a la delincuencia organizada se ha sumado a los factores que explican la grave crisis de violencia, inseguridad y violaciones a los derechos humanos. Por lo que consolidar el control administrativo, operativo y organizativo de la Guardia Nacional por la Sedena representa un grave riesgo para el ejercicio de los derechos humanos”, resaltó la ibero Puebla.
La institución jesuita destacó que la militarización de la Guardia Nacional contraviene disposiciones internacionales como las referentes a las características que debe cumplir la participación del ejército en tareas de seguridad pública, entre ellas, extraordinaria, subordinada y complementaria, regulada y fiscalizada; así como las recomendaciones realizadas a México sobre retirar a las fuerzas armadas de las tareas de seguridad de forma gradual, ordenada y medible.
