Jaime Zambrano
El Consorcio Universitario de Puebla, integrado por las instituciones de educación superior de carácter privado con la mayor matrícula en la entidad, emitió un posicionamiento en el que critica la aprobación que realizó el Congreso del Estado de la iniciativa de Ley de Educación de Puebla que envió el gobernador Miguel Barbosa Huerta.
Ante las nuevas reglas establecidas para la educación privada en Puebla, el Consorcio Universitario que se integra por la Universidad de las Américas Puebla, el Tecnológico de Monterrey en Puebla, la Universidad Anáhuac Puebla, la Universidad Iberoamericana Puebla, la Universidad Madero y la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (Upaep), cuestionó las atribuciones de supervisión y vigilancia a la Autoridad Educativa Estatal respecto de planteles y programas porque afecta los principios de certeza jurídica, simplificación y equidad entre las instituciones.
“La iniciativa presenta disposiciones de carácter general que no reconocen a los particulares ningún derecho, excepto el de impartir educación en sus diversos tipos y modalidades. Algunas de las obligaciones introducidas resultan excesivas, como que: los colores que se utilicen en los inmuebles destinados al servicio público educativo serán de color neutro”, destaca el documento firmado por el Consorcio Universitario.
La agrupación de instituciones de educación superior de carácter privado lamentó que la Ley de Educación de Puebla no reconozca la contribución a la cobertura educativa de calidad y con equidad, proponiendo esquemas de simplificación o descarga de obligaciones para las instituciones particulares consolidadas, como reconocimiento al esfuerzo para su desarrollo y mejora continua.
De forma adicional, la nueva ley, explica el documento firmado por el Consorcio Universitario, desconoce los principios de simplificación; de equidad entre diferentes tipos de instituciones; de excelencia, mejora continua y acreditación; ni del compromiso social de las instituciones particulares de educación.
Para las instituciones privadas, las nuevas disposiciones vulneran el derecho de autogestión y decisión sobre el destino de los recursos obtenidos lícitamente por las instituciones particulares y afecta también el derecho a la obtención y gestión lícita de recursos.
“En el apartado de bienes muebles se vulnera el principio de legalidad, abriendo el paso a la incertidumbre jurídica y, por tanto, en estado de indefensión. Asimismo, contraviene el principio de libertad académica al establecer que, los reconocimientos de validez oficial de estudios: se otorgarán cuando los solicitantes cuenten con planes y programas de estudio que la autoridad otorgante considere procedentes”, agrega el documento.
La nueva Ley de Educación en Puebla deja “expresamente la aplicación de diversas disposiciones al criterio de la autoridad educativa en turno, como la obligación de solicitar el refrendo del reconocimiento de validez oficial de estudios al término de la vigencia que se establezca”, explica el Consorcio Universitario.
“Ello que genera una carga administrativa excesiva para la autoridad, que no cuenta con los recursos técnicos, económicos y humanos necesarios para cumplir con todas las atribuciones. Esta situación provoca incertidumbre respecto a la aplicación de las leyes en función del gobierno en turno”.
El Consorcio Universitario explica que para ofrecer una educación de calidad sólo es posible en un entorno normativo abierto y en un marco de libertades que permitan a las instituciones particulares de educación centrar su labor en el trabajo académico y la mejora permanente, y no en la gestión burocrática y el cumplimiento de normas excesivas.
“Los miembros del Consorcio Universitario hacemos un llamado a un diálogo incluyente en pos de la mejora de la calidad, la pertinencia social y una perspectiva humanista, en favor de estudiantes, sus familias y la sociedad”, finaliza el documento.
