Tras la declaración de culpabilidad de Ovidio Guzmán López en una corte federal de Chicago, el gobierno mexicano —encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum— expresó su inconformidad con los términos del acuerdo que el narcotraficante negoció con la justicia estadounidense.
Durante una conferencia reciente, Sheinbaum cuestionó que, mientras Estados Unidos exige acciones firmes contra el crimen organizado y declara la guerra al fentanilo, al mismo tiempo negocia con líderes criminales a cambio de información, sin notificar o consultar previamente al gobierno mexicano.
“México está comprometido con la justicia, pero no podemos ignorar la doble moral que se asoma en ciertos acuerdos”, expresó la presidenta, en un tono mesurado, pero crítico.
La respuesta no se hizo esperar. Jeffrey Lichtman, abogado defensor de Ovidio Guzmán (quien también representó a Joaquín “El Chapo” Guzmán), lanzó fuertes declaraciones que han encendido aún más el debate binacional:
“El gobierno mexicano no está molesto porque Estados Unidos negocia con criminales. Está molesto porque ellos no están a cargo de esa negociación. En realidad, no tienen autoridad moral para criticar a nadie”, dijo Lichtman en entrevista con medios internacionales.
El abogado fue más allá, sugiriendo que la corrupción dentro del gobierno mexicano impide cualquier acción legítima contra los cárteles.
“¿De verdad creen que el Cártel de Sinaloa creció sin protección oficial?”, agregó.
Relación bilateral bajo presión
La situación ha tensado el ya delicado equilibrio diplomático entre ambos países en materia de seguridad. Mientras en Washington se celebra la cooperación de Ovidio como un avance contra el tráfico de fentanilo, en Palacio Nacional la narrativa es de exclusión, falta de coordinación y desconfianza.
Analistas señalan que este episodio podría afectar la cooperación en operativos transfronterizos, así como la voluntad del nuevo gobierno mexicano de alinearse con estrategias estadounidenses que considera unilaterales o hipócritas.
El caso de Ovidio Guzmán ha desatado un conflicto diplomático que va más allá del narcotráfico: evidencia las fracturas en la colaboración México–EE.UU., las tensiones políticas internas y los límites de la justicia cuando el poder y el crimen se entrelazan.
