En las reformas que se están aplicando en la administración pública para el mejor control del uso de recursos públicos, en el Congreso, la diputada Olga Lucía Romero Garci-Crespo propuso reformar la fracción IV del artículo 89, las fracciones VIII y XXIV del 91 y el 109 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla.
El objetivo de que el Consejo General tenga las atribuciones de elegir al Secretario Ejecutivo y al titular de la Unidad Técnica de Fiscalización, a propuesta en terna del Consejero Presidente, de esta manera habrá una vigilancia técnica de la aplicación de los recursos para los próximos procesos electorales.
También ingresó la iniciativa de la misma diputada Romero Garci-Crespo, para reformar la fracción IV del artículo 23 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla, con la finalidad de establecer que se pueda nombrar, a propuesta de los Magistrados, al personal jurisdiccional y administrativo de las Salas; así como a los titulares de las unidades administrativas del Tribunal, a propuesta de su presidente.
En otros temas legislativos, siguen las iniciativas para proteger a las mujeres que l se enfrentan a la violencia doméstica, por eso ingresó una Iniciativa presentada por la diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia, para reformar el penúltimo párrafo del artículo 25 de la Ley para el Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia del Estado, con la finalidad de establecer que las órdenes de protección de emergencia y preventivas tengan una vigencia durante el tiempo que dure la investigación.
La diputada Mónica Silva Ruíz, propone reformar las fracciones VI y VII del artículo 10 de la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con la finalidad de establecer como un tipo de violencia contra las mujeres, la violencia estética.
Mientras que la diputada Norma Sirley Reyes Cabrera, propuso que el Consejo para la Atención de la Violencia Familiar, difundan en la población predominantemente indígena, la información institucional y de programas de prevención, asistencia y atención de la violencia familiar, en lengua indígena local.
Y la diputada Aurora Sierra Rodríguez, propone adicionar el artículo 33 Bis y el Capítulo V a la Ley de Seguridad Integral Escolar para establecer los tipos de violencia escolar, como la violencia verbal, física, psicológica, sexual y exclusión social.