También investigarán situación jurídica
El alcalde José Chedraui aseguró que se está atendiendo a los habitantes inconformes por derribo de viviendas en el predio conocido como Covadonga.
Agregó que se está buscando llegar a acuerdos y apoyar con asesoría jurídica aquellos que resultaron afectados o defraudados.
«Por supuesto que los vamos a atender, por supuesto que que vamos a llegar a acuerdos pero es muy importante señalar que no se puede llegar a exigir diálogo con personas encapuchadas incluso se dice que alguna de ellas portaban armas» aseveró.
Chedraui Budib explicó que la intervención de la fuerza pública en este predio sería cumplimiento de una resolución jurídica con años de antigüedad por lo que la administración municipal únicamente dio seguimiento a lo que ya estaba instruido vía legal.
No obstante el alcalde reconoció que algunas personas han manifestado que sus viviendas se encontraban en un predio que según pertenece al Estado de Tlaxcala por lo que ofreció abrir una investigación al respecto y apoyar a aquellas personas que hayan resultado defraudadas con la venta de predios irregulares.
«Si hay casos donde las personas demuestren con documentos que no deben ser afectadas, claro que se les va asesorar y apoyar no se trata de generar pérdidas para las familias que no tienen la culpa y que fueron defraudadas» afirmó.
Lo anterior luego de que un grupo de habitantes de la zona conocida como la Covadonga se manifestó frente al Palacio Municipal, algunas personas para el rostro cubierto para protestar en contra de las autoridades municipales por apoyar un desalojo y destrucción de viviendas en el predio señalado argumentando que estás personas son «paracaidistas».
El representante de los afectados señaló que cuentan con escrituras validadas por el gobierno de Tlaxcala, al asegurar que el predio en cuestión está en territorio tlaxcalteca, por lo tanto acusaron a las autoridades municipales de ser arbitrarios al llegar el pasado fin de semana de forma sorpresiva por la madrugada para desalojar a más de 20 familias y destruir sus viviendas.
En ese sentido exigieron una explicación y una indemnización por los daños causados, de igual manera exigieron que se respete sus derechos humanos.
