Durante la trigésima quinta Sesión Extraordinaria de Cabildo, presidida por Claudia Rivera Vivanco, se aprobaron dictámenes y puntos de acuerdo que abonan en la transformación de la ciudad, apegados a los compromisos de justicia social, dignificación de espacios y congruentes con la evolución política y democrática del país.
Así pues, por mayoría se declaró la utilidad pública del espacio denominado “El Roble”, situado en la junta auxiliar San Felipe Hueyotlipan, con el fin de construir la Central Norte de Despliegue Policial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el Sector Norte de los Juzgados Cívicos del municipio de Puebla.
La presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Ana Laura Martínez Escobar, explicó que esta acción «contribuye a combatir la delincuencia, reducir los niveles de inseguridad, sancionar faltas administrativas y promover una cultura de legalidad».
La ejecución de la obra implementará el modelo homologado de justicia cívica, buen gobierno y cultura de la legalidad, destacó Martínez Escobar, lo cual da cumplimiento a los acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública para migrar el proceso actual de atención y sanción a un mejoramiento de la convivencia social.
En ese sentido, la alcaldesa destacó que, a pesar de que la administración municipal tardó un año en lograr este avance, es tiempo récord, comparado con el que las y los vecinos de las inmediaciones de los Mercados Hidalgo y La Unión tuvieron que esperar para que se atendieran sus demandas.
“Enhorabuena por Puebla y por los vecinos de esas colonias que llevaban años queriendo ser escuchados para que se iniciaran actividades que les permitieran vivir un entorno más agradable”, manifestó Rivera Vivanco.
Por otra parte, igualmente por mayoría, el Cabildo poblano dictaminó turnar al Congreso del Estado la iniciativa de Decreto para reformar la Ley Orgánica Municipal en torno a las facultades del Ayuntamiento sobre los procesos de elección a cargos de las juntas auxiliares, para que los organismos electorales especializados realicen los procesos plebiscitarios.
“Se corre el riesgo de que en los procesos de renovación, no sólo en las juntas auxiliares del municipio, sino en las más de 600 que tiene el Estado, que cualquier aspirante o planilla, en defensa de sus derechos políticos electorales, impugne, como se hizo en la junta auxiliar de Ignacio Zaragoza (…) no podemos perder de vista que, tan sólo para organizar las elecciones en las tres juntas que recurrieron a los Tribunales, el Instituto Electoral del Estado gastó aproximadamente cinco millones de pesos”, explicó el regidor Iván Camacho Mendoza, presidente del Comisión de Gobernación.
Con esta iniciativa, turnada al Congreso, se pretende hacer valer un principio de austeridad republicana durante los procesos de renovación de mandato, al tiempo que se busca garantizar, a través del respaldo de las instituciones competentes, los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza, transparencia e independencia de los resultados de participación ciudadana.
