Los directores de las Facultades de Derecho y de Ciencias Políticas de UPAEP, Fernando Méndez y Juan Carlos Espina Von Roehrich, hicieron un análisis de los riesgos de la reforma jurídica que hizo el Congreso para tipificar el ciberasedio.
Señalan que aunque ya esté promulgada la ley y que la Fiscalía General ya tenga facultades para actuar en contra de personas que incurran en los medios digitales para ofender, insultar o agraviar a una persona o a un servidor público, por la inconformidad que ha generado la disposición, dicha reforma puede caer en la inconstitucionalidad.
La reforma al artículo 480 se realizó sin un contexto democrático de consulta, tuvo varias irregularidades, por la falta de consulta pública y participación ciudadana, normas que obliga al Estado a garantizar los derechos humanos, por lo que el proceso rápido (fast tralck) limitó el debate plural y la posibilidad de incorporar mejores criterios y se evitarán deficiencias.
La emisión de este paso debilita la legitimidad democrática de la ley sino que genera un riesgo de impugnación de la SCJN por la violación a principio de participación ciudadana, es riesgo es que se eche para atrás dicha reforma como ha ocurrido con leyes de otros Estados por no tener participación ciudadana, es decir faltó debate sustantivo y la celeridad del proceso y publicación con que se hizo ha provocado el debate.
La vaguedad de términos y la rapidez para aprobarla no permitió hacer una revisión para corregir términos, por lo que hay incumplimiento con los principios de transparencia y ahora ya publicada tiene el riesgo de que la ley sea aplicada de manera arbitraria.
