El Colegio de Contadores Públicos del Estado de Puebla (CCPEP) alertó sobre un posible aumento de precios de productos y servicios ante la inminente entrada en vigor de la reforma constitucional que busca reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales.
José Darío Zamorano Mendoza, presidente del Comité Ejecutivo del CCPEP, hizo un llamado a los empleadores a realizar a tiempo los ajustes necesarios.
Aseguró es México es uno de los países con más horas trabajadas al año —dos mil 207 en promedio, según la OCDE— frente a una media de mil 746 entre los países miembros.
Esta reforma no solo busca reducir esas cifras, sino apostar por un modelo más equilibrado, donde la productividad, la competitividad y el bienestar del trabajador vayan de la mano.
La iniciativa, presentada desde 2022, propone una transición paulatina hacia una jornada de 40 horas que se consolidaría en 2030. Se alinea con otras reformas recientes, como la ampliación de vacaciones y la implementación de la NOM 037, todas en favor de la salud y los derechos de los trabajadores.
Para las empresas, dijo Palomo Márquez, el gran reto será claro: mantener los mismos niveles de eficiencia en menos tiempo. Esto podría implicar contratar más personal, rediseñar procesos, pagar más horas extra o apostar por herramientas tecnológicas. En este escenario, el CCPEP sugiere fomentar una cultura laboral basada en la productividad, apoyada por proyecciones financieras sólidas y decisiones informadas.
Asimismo, consideró la posibilidad de considerar estímulos fiscales o apoyos específicos para las MIPYMES, que en el caso de Puebla representan el 97.2 por ciento de los establecimientos y emplean al 58 por ciento de la fuerza laboral, según datos del INEGI publicados en enero de este año. Incluso se propuso revisar esquemas similares a “Jóvenes Construyendo el Futuro”, enfocados exclusivamente en el fortalecimiento de los pequeños negocios frente a este nuevo escenario.
Finalmente, Zamorano Mendoza, explicó que esta reforma no se refiere únicamente a un tema económico o laboral, sino de Derechos Humanos, y que debe incluir a todos los sectores: tanto el privado como el público, que deberán adaptarse con estructuras y presupuestos adecuados.
