El combate a la corrupción e impunidad no debe estar sujeto a acciones o negociones de índole político, sobre todo cuando involucran a ex funcionarios o gobernantes que usaron el poder para hacer mal uso de recursos públicos.
La reciente información que trascendió desde la Auditoría Superior del Estado de Puebla señalando a la titular del área de comunicación del gobierno barbosista, Verónica Vélez por un presunto daño patrimonial cercano a los 25 millones de pesos, es el crudo reflejo de los excesos del poder que trasciende para evidenciar abusos de quienes en algún momento tomaron la decisión de servirse con las manos llenas.
Recordemos que desde el área de comunicación del finado gobernador Miguel Barbosa se pagaron costosas campañas negras que operaban con la finalidad de denostar periodistas y amedrentar medios de comunicación.
Fue desde esa posición donde la ex vocera movía los hilos de un poder acrecentado por la discapacidad de un gobernante seriamente minado por su condición de salud.
En la vocería barbosista se gestaron las más deleznables acciones que siempre llevaron al ataque de personajes políticos. Desde ahí se fraguaron negocios, el surgimiento de nuevos medios alineados y se repartieron puestos a los cercanos de la mujer que intentó convertirse en las manos y los ojos de Miguel Barbosa.
Los excesos que se cometen de parte de personajes que ejercen el poder o bien, desempeñan alguna encomienda en torno al poder, tienen que asumir responsabilidades.
Las denuncias resultan inoperantes cuando los señalamientos hechos por la Auditoría Superior del Estado intentan desvanecerse con la negociación o con el fuero que hoy en día tiene Rosario Orozco, viuda del ex gobernador.
El daño patrimonial cometido por ex funcionarios o gobernantes debe ser solventado por quienes tuvieron a su mando las áreas que pudieron ser afectadas.
Hoy la ex vocera barbosista intenta hallar cobijo en la mano protectora de la viuda del ex gobernador Barbosa, Rosario Orozco quien fiel a su estilo, descalifica o minimiza todo tipo de información que conducen al mal uso de recursos públicos, desvíos y excesos cometidos en ese sexenio.
En Puebla son históricos los hoyos financieros y los señalamientos en torno a personajes que han sido señalados por el mal uso de los recursos públicos durante sus respectivos mandatos.
Lo ocurrido en la vocería barbosista obliga a mirar con especial atención los excesos cometidos en ese mini gobierno, donde la opacidad, los amiguismos, el nepotismo y la ambición fueron las condicionantes para tener cercanía privilegiada con el extinto mandatario morenista.
Por lo menos la Buap le corrigió la plana a sus organizadores de un Seminario de Periodismo donde la ex vocera estaba convocada para dar una conferencia sobre ética, lo que resultaba francamente insultante ante los serios señalamientos que ha hecho la Auditoría Superior del Estado. Su conferencia se canceló frente a los señalamientos.
Lo mismo tendría que hacer la llamada AMPEP que agrupa a una serie de periodistas y escritoras, dentro de las que figura Vélez como integrante de un periodismo que hace años dejó de ejercer para convertirse en operadora primero del finado gobernante y actualmente de su viuda y diputada federal, Rosario Orozco.
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