Los familiares de las personas desaparecidas, que desde el año pasado demandan que en Puebla haya una ley para que la búsqueda sea obligatoria o para que al menos sea homologada a la Ley General en materia de desaparición forzada de personas.
A lo largo de los últimos seis años, los familiares reportan que en Puebla por lo menos se tiene un estimado en 2,725 personas desaparecidas o no localizadas en Puebla. Cantidad no admitida por la Fiscalía General, que solo cuenta a las jóvenes que se van de casa.
Por eso ante la negativa de los diputados del Congreso de Puebla de cumplir con esta ley, abogados y representantes de la asociación, decidieron llevar el caso a la Presidencia de la República, en espera de que esa puerta pueda servir para atender su reclamo.
Las familias de los desaparecidos, que son gente de la sociedad civil con apoyo de juristas desde el 15 de julio de 2020 presentaron una propuesta a la diputada Estefanía Rodríguez Sandoval, de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso.
A pesar de la promesa legislativa, estos familiares, continúan a la espera de la dictaminación por parte de las comisiones de Procuración y Administración y Justicia y de Derechos Humanos del Congreso, que están por terminar su labor deberían cumplir con la promesa hecha.
María Luisa Núñez Barajas, representante del Colectivo La Voz de los Desaparecidos, señaló desde marzo de 2021 han recabado firmas en diferentes puntos del estado para exigir al Congreso la iniciativa en materia de Desaparición de Personas; más de 5,000 personas han suscrito la causa
El caso ha escalado a instancias internacionales, han recibido apoyo solidario en su demanda la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos al emitir un exhorto al Congreso para adoptar la ley solicitada se ofreció asesoría y cooperación técnica para celebrar un proceso de deliberación abierto
Los diputados que se dicen autónomos, han demostrado sujeción al Poder Ejecutivo que se ha negado a la aprobación de dicha ley.
Los legisladores deberían al menos realizar la armonización de la Ley General en la materia (publicada en 2017), a las obligaciones adquiridas internacionalmente por México y a las recomendaciones de diversos relatores y Comités de Derechos Humanos creados en virtud de los tratados de la ONU.
