La lucha de los pueblos de San Andrés Cholula está en riesgo debido a las contradicciones de la jueza Gabriela Gutiérrez Dávila, titular del Juzgado Quinto de Distrito en materia de amparo civil, administrativa y de trabajo y de juicios federales, al revocar la suspensión definitiva que mantenía congeladas ciertas ejecuciones de desarrollo urbano en el Ayuntamiento.
Lo anterior, deja a las siete comunidades originarias de San Andrés en una situación de alta vulnerabilidad frente a la invasión de grandes consorcios y cede a las presiones de los desarrollos inmobiliarios de la zona, como Grupo Proyecta.
Al parecer existe “línea” para impedir que los pueblos originarios de este municipio participen en la toma de decisiones en el Plan de Desarrollo Municipal de San Andrés Cholula, que regula el crecimiento urbano.
Se trata de una lucha para frenar al crecimiento desmedido de esta zona, que se ha convertido en un botín económico y político para los gobiernos de la región.
Pese a que la ley de los pueblos indígenas ampara las acciones que los habitantes de San Andrés han realizado, en protección de su territorio, no es la primera vez que se usan argumentos legales en sendos juicios de amparo interpuestos, (el más reciente: expediente 1438/2025), para ceñir la lucha del colectivo Cholultecas Unidos en Resistencia.
Y es que la presidenta municipal, Guadalupe Cuautle, fiel a su origen panista ha hecho todo lo posible para incumplir los acuerdos firmados en ésta y anteriores administraciones municipales para incluir propuestas que protegen a San Andrés del crecimiento descontrolado.
Estos pueblos están a merced y la presunta colusión de las autoridades, mismas que se niegan a tomar en cuenta el trabajo de especialistas de diferentes universidades: la BUAP, IBEROAMERICANA y UDLA, mismas que en enero de 2025, presentaron un dictamen sobre las estrategias de planeación territorial de los Pueblos Originarios sobre el desarrollo urbano, dándoles la razón a los pueblos cholultecas.
ANTECEDENTES
El conflicto central gira en torno al Protocolo de Consulta Indígena, un mecanismo que se había acordado previamente en asamblea para que las comunidades tradicionales validaran de forma vinculante las modificaciones de uso de suelo del municipio. El Ayuntamiento de San Andrés Cholula decidió dejar sin efecto este protocolo, lo que motivó a los habitantes y a sus representantes legales a promover la demanda de amparo por la violación de su derecho constitucional a la consulta previa, libre e informada.
Las asambleas comunitarias en los pueblos originarios de San Andrés Cholula, se llevaro a cabo en el mes de abril y el 21 de mayo del presente año en Asamblea Comuniatria, se aprobaron la estrategias de protección y limites territoriales elaborados por los pueblos originarios apoyados por especialistas en desarrollo urbano egresados de la BUAP.
Los pueblos organizados han ideado las siguientes acciones:
Cabe señalar que los Comités de Vigilancia pueden observar el territorio y las acciones que se realizan, mismos que tendrán poder de decisión para aprobar o no proyectos públicos; “esto no implica que la viviend que se contruya sea favorable para la comunidad y que no afecte sus modos de vida.
Defensa del territorio
Acciones para proteger los límites frente a invasiones; hay una zonificación primaria y secundaria. Se propone un crecimiento orgánico, controlado y realista, no por decisiones que se toman en un escritorio.
Gestión de recursos naturales
La principal propuesta es consolidar un sistema para la extracción de agua que sea menos invasiva y culturalmente amigable con le medio ambiente. Es decir la cantidad de vivienda propuesta por el Ayuntamiento en el Plan de Desarrollo es insostenible debido a que los pozos no tienen la capacidad para dotar de agua a todos.
Conservación de la identidad cultural
Respeto a sus tradiciones como las procesiones o fiestas patronales. Esta propuesta viene con el acompañamiento de tecnología, alineados con los requisitos que pide el Ayuntamiento; además de la vinculación con factores externos.
