En perú crece la indignación ante las denuncias de abuso sexual infantil que permanecen sin una respuesta judicial en comunidades indígenas de la Amazonía.
En la provincia de Condorcanqui, al norte del país, se han registrado cerca de 1.000 denuncias desde 2014, aunque algunas organizaciones advierten que la cifra podría alcanzar los 1.400 casos.
La situación ha vuelto a generar preocupación internacional luego de que se conocieran testimonios sobre niñas de apenas tres y cuatro años que viven con VIH, en un contexto de violencia sexual contra menores de edad. Los casos fueron señalados por integrantes del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (Mesecvi), organismo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que trabaja en la prevención de la violencia contra las mujeres.
Una crisis que afecta a comunidades indígenas
En Condorcanqui viven alrededor de 70.000 integrantes de los pueblos awajún y wampis, comunidades que enfrentan denuncias relacionadas con violencia sexual contra menores, tocamientos y violencia de género. De acuerdo con los reportes, la problemática se ha mantenido durante años sin que las víctimas encuentren una respuesta suficiente por parte de las instituciones encargadas de investigar y procurar justicia.
Durante una visita a la región, Mónica Maureira, integrante de la delegación del Mesecvi, compartió su preocupación por las consecuencias de la violencia en la vida de las niñas. Entre las situaciones que relató se encuentran casos de menores que se convirtieron en madres a edades tempranas, sin haber podido procesar las experiencias de abuso que vivieron.
Denuncian falta de atención y protección
Las cifras documentadas desde 2014 reflejan una problemática que, según especialistas y organizaciones, va más allá de casos aislados. Las denuncias pendientes ponen en el centro la necesidad de garantizar investigaciones efectivas, acceso a la justicia y protección para las víctimas, además de atención médica y acompañamiento psicológico.
La presencia de VIH en niñas pequeñas añade una dimensión sanitaria urgente a la crisis. Las menores que han sufrido violencia sexual necesitan atención integral, tratamiento oportuno y protección frente a nuevas agresiones, siempre con respeto a su privacidad y dignidad.
Una alerta que exige respuestas
La situación de las comunidades awajún y wampis ha reabierto el debate sobre la capacidad del Estado peruano para responder a la violencia sexual contra la infancia, especialmente en zonas indígenas y de difícil acceso. La acumulación de denuncias durante más de una década plantea interrogantes sobre los obstáculos que impiden que las víctimas obtengan justicia.
Más allá de las cifras, el caso pone de manifiesto la urgencia de que las autoridades fortalezcan la investigación de los delitos, garanticen servicios de salud y protección accesibles y eviten que las niñas afectadas queden desamparadas.
La infancia necesita protección, atención y justicia, no años de espera.
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