La diputada Graciela Palomares Ramírez propone una iniciativa para crear un Régimen de Responsabilidad Penal Reforzada, donde propone establecer la prisión permanente como sanción para personas de 12 años cumplidos o más que cometan o participen en delitos considerados de extrema gravedad.
Los ilícitos como el homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, desaparición forzada, terrorismo, delincuencia organizada y el reclutamiento de niños y adolescentes representan expresiones extremas de violencia que generan un daño social de gran magnitud y, por ello, requieren un tratamiento excepcional dentro del sistema de justicia.
Los padres de familias desintegradas, no vigilan el crecimiento de sus hijos que son fácilmente, sujetos de la drogadicción y de la delincuencia, en ocasiones las peleas familiares les generan ambientes negativos que los llevan a cometer actos ilícitos.
Palomares Ramírez señaló que la iniciativa busca responder al creciente uso de menores de edad por parte de organizaciones criminales para realizar actividades como vigilancia, transporte de drogas, extorsión, reclutamiento, agresiones, desapariciones e incluso ejecuciones, con el objetivo de inhibir estas prácticas y fortalecer la protección de la niñez.
Señala por eso que es necesario que el sistema de justicia penal para adolescentes contemple medidas diferenciadas frente a conductas de extrema gravedad, hay casos de menores homicidas ha veces de sus propios familiares.
La propuesta plantea crear una ley más rígida aplicable a esos adolescentes de 12, o 15 años cumplidos que participan en delitos graves, al considerar que el sistema actual requiere herramientas específicas para atender casos excepcionales vinculados con la criminalidad organizada.
A la fecha los centros de Internamiento para adolescentes no cumplen su función, por eso la iniciativa que propone precisa que la reforma no pretende aplicar una misma sanción a todas las conductas cometidas por adolescentes, sino establecer un régimen especial para hechos particularmente graves, tomando en cuenta factores como la naturaleza del delito, el grado de participación, la reincidencia, la pertenencia a grupos criminales, la crueldad, el daño ocasionado a las víctimas y el riesgo que represente para la sociedad.
