Rubén Rocha Moya solicita licencia como gobernador ante investigación y petición de extradición de EU; el caso involucra a otros nueve funcionarios.
El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ha solicitado licencia al cargo a partir de las investigaciones de la PGR sobre las imputaciones sobre él de conformidad al escrito de las autoridades norteamericanas en el que solicitan su detención provisional para efectos de extradición.
Él y otros 9 funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa son los imputados.
Para el régimen político es mucha la concesión de la licencia y si se atienen a los precedentes de la época priísta serían definitorios, esto es, el abandono del cargo como sanción, pero nada más.
Desafortunadamente para el gobernador Rocha Moya y para el régimen político, la concesión de su retiro temporal del cargo es mayúscula, pero no suficiente.
Quien le reemplazó, la secretaria de gobierno, Yeraldine Bonilla, se pronunció por su inocencia.
Su opinión poco cuenta para el caso judicial, sí mucho desde el punto de vista político, porque indica que no hay punto de quiebre, es continuidad y de lo que se le acusa es poner el gobierno al servicio del cártel Sinaloa.
Más relevante es el mensaje de la nueva dirigente de Morena, Ariadna Montiel en el que marca distancia y se pronuncia por candidatos con trayectoria impecable.
La separación no es reconocimiento de culpa y, efectivamente, sólo una sentencia hace culpable a cualquiera.
Rubén Rocha se presume inocente hasta que una sentencia lo declare culpable.
No fue la postura del régimen con sus enemigos, mucho menos con Genaro García Luna.
Ese precisamente es el dilema de la presidenta Sheinbaum.
No hay culpa hasta que haya sentencia y no hay sentencia sin el debido proceso y pruebas suficientes que demuestran la responsabilidad del imputado.
Dificultad mayor por varias razones, quizá la más importante, no de carácter legal, es que sobre Rocha Moya debió ser objeto de investigación desde que se dio a conocer su probable participación en el secuestro de El Mayo Zambada y en el homicidio de Melesio Cuén, su rival político.
La FGR acreditó, fehacientemente, que las autoridades de Sinaloa habían encubierto el homicidio.
El expresidente López Obrador, la presidenta Sheinbaum y la nomenclatura morenista por razones políticas le protegieron en lugar de investigarlo, porque el caso se reproduce en otros estados o porque la complicidad se extiende al partido o a niveles superiores del gobierno.
Un error de la presidenta Sheinbaum asumir, inicialmente, una postura de reserva e implícito rechazo a las imputaciones de parte del Departamento de Justicia del gobierno norteamericano.
La licencia indica que hay cambio.
Las dificultades del gobierno para defender a Rocha Moya tiene que ver con la postura de validar el uso de criminales en condición de testigos protegidos en el caso de Genaro García Luna, por ejemplo.
En su momento señalamos, que el gobierno de México aprobara y montara su comunicación en tales testimonios con el tiempo habrían de revertirse a funcionarios del régimen obradorista.
La soberbia y el interés de López Obrador de cobrarse el agravio con el expresidente Felipe Calderón le llevaron a cometer un error monumental.
Por sentido común y valor de probanza, un criminal que ofrece su testimonio en búsqueda de beneficios procesales debe tomarse con reserva.
Justo ese es el problema del exgobernador y los demás inculpados.
El testimonio de Ovidio Guzmán López, hijo de El Chapo Guzmán, ha servido, entre otros elementos de prueba, para fundar la responsabilidad del exgobernador Rocha Moya en el acuerdo para la elección de 2021, cuando el crimen organizado operó para favorecer a través de recursos ilegales y violentos el triunfo de Rocha Moya, a cambio de que actuara a favor del cártel de Sinaloa, declarado grupo internacional terrorista por el gobierno norteamericano.
La licencia no será suficiente porque el caso de Sinaloa no es aislado.
Las autoridades norteamericanas tienen en su poder pruebas, como el teléfono móvil de Sergio Carmona, en el que constan diálogos que incriminan a candidatos y, posiblemente, al entonces dirigente de Morena, Mario Delgado.
Las elecciones de gobernador de varios estados estarían bajo la misma tesitura y eso compromete no sólo a los gobernadores aludidos, sino al partido receptor y gestor de los recursos.
Bajo el esquema de organización terrorista, Morena no tendría futuro por su asociación a una organización terrorista.
Así de grave y así de contundente.
Noticias del fin del mundo, el principio del fin.
La impunidad se vuelve contra el régimen político.
Si en lugar de proteger al gobernador Rocha, hubiera sido sometido a proceso penal por el encubrimiento en el homicidio de Melesio Cuen a todos les hubiera salido barato.
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