En el proceso electoral de 2021, participó como candidato del Partido Acción Nacional (PAN) y su empresa imprimía publicidad de gobiernos de Morena desde 2024.
La detención de Christian “N.”, uno de los tres presuntos implicados en el secuestro y homicidio del matrimonio Tello Ruiz, ha generado cuestionamientos sobre sus vínculos políticos y comerciales, luego de que se hicieran públicas referencias a contratos de servicios con actores ligados tanto a Morena como al PAN.
La Fiscalía General del Estado de Puebla informó recientemente sobre la captura de tres personas relacionadas con los delitos de secuestro, homicidio, feminicidio y privación de la vida, en agravio del matrimonio que desapareció el 19 de febrero cuando se dirigía a Tlaxcala a una presunta reunión y cuyos cuerpos fueron localizados sin vida el 21 de febrero.
De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, a Christian “N.” se le imputó el delito de encubrimiento y se prevé que el próximo 2 de marzo se lleve a cabo una segunda audiencia para definir su situación jurídica. Su arresto ocurrió la mañana del 24 de febrero en la colonia Villa Universitaria, en la capital poblana.
Perfil profesional y antecedentes públicos
Fuentes policiales señalan que Christian “N.” era socio comercial y amigo de Alejandro Tello. En el ámbito profesional, se desempeñó como director de diseño e imagen durante el sexenio encabezado por Rafael Moreno Valle en el gobierno estatal de Puebla.
Además, figura como representante legal de Baubros Producción S.A. de C.V., empresa poblana dedicada a servicios de publicidad integral, impresión, diseño gráfico, producción y montaje de eventos, con más de una década de operación en el mercado.
En el proceso electoral de 2021, participó como candidato a regidor en el municipio de Ocoyucan en una planilla vinculada al Partido Acción Nacional (PAN).
¿Cómo se vincula con Morena y el PAN?
En redes sociales y material promocional, Bbros Productions ha documentado trabajos de impresión y producción de promocionales para diversas marcas privadas, así como servicios dirigidos a instancias gubernamentales y campañas políticas.
Entre los contenidos difundidos se observan impresiones de pendones para festividades, materiales promocionales institucionales y producción de artículos publicitarios para clientes privados. Asimismo, existen referencias a trabajos realizados para gobiernos emanados de Morena y partidos aliados en la coalición gobernante.
En ese contexto, la dirigencia estatal del PAN en Puebla publicó en sus redes sociales que Christian “N.” no ha recibido contratos por parte de la actual dirigencia del partido y que, en su caso, su empresa ha operado como prestadora de servicios sin que exista vínculo orgánico o político vigente.
Por su parte, es posible notar servicios de impresión para gobiernos de Morena para eventos como Festivales Navideños, lonas, promocionales, señaléticas y banderas en las publicaciones de la empresa en sus redes sociales.
Nay Salvatori, generadora de contenido y diputada local, ha externado que su relación con la empresa del presunto culpable ha sido comercial.
¿Es posible que sólo exista una relación estrictamente comercial con los gobiernos de Morena desde 2024 o antes limitada a la contratación de servicios de impresión y publicidad, sin que ello implique afiliación o intereses partidistas de un personaje con trayectoria política en Acción Nacional?
Evitar la politización del caso
Diversas voces han advertido que el crimen que conmocionó a la capital poblana no debe politizarse ni utilizarse como herramienta de confrontación entre fuerzas partidistas.
Hasta el momento, las referencias que vinculan a Christian “N.” con Morena y el PAN corresponden a antecedentes laborales, participación electoral previa y relaciones comerciales derivadas de la prestación de servicios.
El proceso judicial sigue en curso y será la autoridad ministerial y jurisdiccional la que determine responsabilidades individuales. Especialistas coinciden en que desviar la atención hacia disputas partidistas podría entorpecer el análisis de los hechos, que, según las primeras líneas de investigación, estarían relacionados con un conflicto de intereses de carácter privado.
Mientras tanto, la exigencia central de la sociedad poblana se mantiene: que el caso se esclarezca con apego a derecho y que, independientemente de antecedentes políticos o comerciales, se sancione a los responsables conforme a la ley.
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