Dicen los que saben que quien no ha sido amenazado por un franelero no se ha estacionado lo suficiente en esta ciudad.
Porque el franelero moderno ya no cuida coches: administra el miedo.
Se apropia de la calle, cobra derecho de piso sobre el asfalto y deja clara la advertencia cuando alguien se niega a pagar: “luego no diga que no le avisé”.
El debate lleva años empolvándose.
Para algunos, es trabajo honesto.
Para otros, extorsión con chaleco fosforescente.
Y para la ley, un tema pendiente.
Las pruebas sobran:
Videos virales, gritos, amenazas, agresiones abiertas y policías que observan sin intervenir.
Ayer la violencia escaló. Dos periodistas fueron agredidos por documentar lo que ocurre todos los días. No por mentir. No por provocar. Por mostrar.
Y eso debería encender todas las alarmas.
Porque las preguntas ya no son retóricas:
¿Quién va a poner orden?
¿Quién responde por las agresiones?
¿En qué momento la calle dejó de ser pública?
Lo verdaderamente grave es que el franelero no desafía al automovilista: desafía al Estado.
Ni reglamentos, ni parquímetros, han logrado sacarlos del negocio. Siguen cobrando impunemente, frente a todos, a plena luz del día, como si hubiera dos autoridades en la ciudad: la legal… y la del bote con trapo.
Y hasta ahora, la segunda parece mandar más ¿O no?
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