Desde la noche del lunes, decenas de familiares de detenidos permanecen acampados en los perímetros de El Rodeo I, al oeste de Caracas, con tiendas de campaña.
En medio de una prolongada espera y creciente tensión social, familiares de presos políticos en Venezuela instalaron campamentos a las afueras de varios centros penitenciarios, incluidos El Rodeo I y El Helicoide, demandando la liberación inmediata de sus seres queridos detenidos por el régimen chavista.
Desde la noche del lunes, decenas de familiares de detenidos permanecen acampados en los perímetros de El Rodeo I, al oeste de Caracas, con tiendas de campaña, colchones y pancartas que reclaman “Liberen a todos los presos políticos”.
Muchos de ellos han pasado varias noches a la intemperie, durmiendo en autos o sobre plásticos, en medio de temperaturas bajas y sin presencia policial visible, en un área considerada de riesgo.
Foro Penal, la organización no gubernamental que monitorea las detenciones por motivos políticos, confirmó que hasta la noche del lunes se habían verificado entre 49 y 56 excarcelaciones, cifra que contrasta con el reporte oficial del Ministerio de Servicios Penitenciarios, que aseguró que se realizaron hasta 116 liberaciones.
La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), por su parte, registró hasta 73 excarcelaciones. Organizaciones de derechos humanos estiman que entre 800 y 1 200 personas siguen detenidas bajo causas políticas en diferentes recintos penitenciarios del país.
Tensión, incertidumbre y reclamos por transparencia
En el campamento improvisado frente a El Rodeo I, unas 15 tiendas de campaña se extienden en dos hileras.
Familias, algunas provenientes de regiones distantes, reclaman la lentitud del proceso de liberación y la falta de información oficial clara sobre quiénes serán excarcelados y bajo qué criterios. Una pancarta al frente resume su demanda: “Liberen a todos los presos políticos”.
Delmar Hernández, esposa de un trabajador petrolero acusado de traición, comentó que la ayuda de organizaciones sociales ha facilitado su permanencia en la zona, aunque persiste la incertidumbre sobre el destino de su esposo.
Otros familiares expresaron sentimientos de mezcla entre esperanza y desesperación, mientras aguardan noticias de excarcelaciones adicionales.
La organización Comité por la Libertad de los Presos Políticos ha provisto tiendas, colchones y apoyo logístico básico, lo que ha permitido a los manifestantes sostener su vigilia sin interrupciones.
Aunque el clima social es de reclamo, también circulan narrativas de solidaridad de los comerciantes locales, quienes facilitaron electricidad y provisiones en varios casos.
Contraste entre cifras oficiales e independientes
La discrepancia entre las cifras oficiales y las verificadas por ONG y plataformas de oposición ha alimentado la frustración entre los familiares.
Mientras el régimen asegura un número elevado de excarcelaciones, los datos compilados por organizaciones independientes apuntan a un número significativamente menor de liberaciones, lo que refuerza las dudas sobre la transparencia y el alcance real del proceso.
La situación ha derivado en múltiples vigilias frente a distintos centros penitenciarios, incluyendo El Helicoide, donde familiares aseguran no tener confirmación de vida ni comunicación con algunos de los detenidos.
Testimonios recogidos por medios internacionales relatan noches de espera en aceras y espacios públicos, con la esperanza de ver a sus seres queridos en libertad próximamente.
Repercusiones y contexto político de Venezuela
La dinámica de excarcelaciones y campamentos familiares se da en un contexto político tenso tras la captura del ex presidente Nicolás Maduro y la asunción de Delcy Rodríguez como presidenta interina, respaldada por fuerzas estadounidenses en una operación que ha generado un complejo escenario de transición.
La liberación de presos políticos, muchos de ellos opositores, activistas y periodistas, se ha planteado como una “gesto de paz”, aunque el ritmo y las condiciones de los procesos han sido objeto de críticas y escrutinio.
Grupos de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, han instado a un proceso de excarcelación más amplio, transparente y sostenido, así como a garantías legales plenas para los liberados y sus familias.
Hasta la fecha, la cifra de detenidos todavía supera ampliamente la cantidad de excarcelaciones confirmadas por fuentes independientes.
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